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Diputados opositores de Chile presentan un proyecto para que funcionarios del Gobierno de Piñera no puedan participar de la Convención Constitucional

La iniciativa busca que legisladores y funcionarios del oficialismo queden marginados de la redacción de la nueva Carta Magna.


Diputados de la oposición en Chile presentaron este miércoles un proyecto de ley que busca impedir la participación de funcionarios del Gobierno de Sebastián Piñera en la conformación de la Convención Constitucional, que deberá elaborar la nueva Carta Magna.

Los legisladores del Frente Amplio Natalia Castillo y Jorge Brito, buscan con esta iniciativa modificar el artículo 132 de la actual Constitución, para marginar a autoridades de La Moneda que hayan ejercido sus labores entre el 25 de octubre de 2020 y el 11 de abril de 2021, cuando se elijan en las urnas los integrantes de la Convención.

De aprobarse el proyecto, quedarían inhabilitados para postularse diputados, senadores, ministros, subsecretarios e intendentes.

«El pueblo lo dijo de manera muy categórica, fuerte y claro, con un 78 % obtenido por el Apruebo en el plebiscito, que no quiere que los mismos de siempre redacten esta nueva Constitución», dijo la diputada Castillo al presentar el texto en el Parlamento. 

Y añadió: «Creemos que la clase política tiene que recoger el guante, para que surjan liderazgos nuevos y que la Convención Constituyente no sea un verdadero cementerio de elefantes».

El pasado domingo, los chilenos votaron mayoritariamente a favor de la creación de una nueva Constitución, que reemplace la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, modificada en varias oportunidades pero todavía vigente.

Además de haberse impuesto la opción del Apruebo, los ciudadanos se inclinaron a favor de la conformación de una Convención Constituyente no mixta, es decir, integrada por personas especialmente elegidas para esta tarea. La otra alternativa proponía una participación dividida, con un 50 % de parlamentarios en actividad y otro 50 % de ciudadanos electos para este fin.

El proceso constitucional que se abrió con el resultado del plebiscito, y que durará por lo menos dos años, tuvo su origen en el estallido social iniciado en octubre del año pasado, cuando comenzaron las masivas protestas contra el Gobierno y la desigualdad en el país.

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