Los fallidos despidos que ordenó Hernán Lombardi en Télam ahora pueden ser habilitados por la Justicia. La feroz interna dentro de la Cámara del Trabajo. El efecto de la fórmula Fernández-Fernández.
El anuncio de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner atizó el serpenteante mundo judicial. En su primera aparición pública tras el disruptivo video del 18 de mayo, Fernández visitó una radio y proclamó: “Lo que hicieron con Télam fue imperdonable. A Télam la vamos a poner de pie”. La promesa operó como un rayo fulminante para los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que al día siguiente se disponían en analizar, por enésima vez, los expedientes judiciales de los 357 despedidos en la agencia pública. Resolver un expediente judicial sensible con decoro, conciliando el contexto político, el derecho y la realidad social solía ser una de las virtudes de los magistrados de la Cámara. Pero el de Télam es un hilo que todavía no pudieron enhebrar.
Los trabajadores de Télam despedidos en 2018 fueron reincorporados el año pasado por la justicia laboral, pero la Cámara se había pronunciado sólo sobre algunos casos. Se esperaba, casi como una formalidad, que la Sala V extendiera las reinstalaciones a medida que los casos fueran llegando a su estudio, al ritmo macerado de los tiempos judiciales. Pero los jueces Enrique Arias Gibert y Beatriz Ferdman quebraron la concordia interna del fuero laboral fragmentando esta semana el expediente y dividiéndolo en tantas partes como camaristas existen. Multiplicaron y socializaron el problema.
La reacción inicial de los camaristas fue la rabia con sus colegas de la Sala V, pero ahora se desgañitan para encontrar una solución que dé respuesta a la demanda social sin ignorar el mapa electoral. Claro que establecer una posición uniforme en ese cuerpo es un acto más cercano a la magia que a la ciencia jurídica.
El bumerang del juicio político
La descomposición del expediente de Télam se inició con la promoción de un juicio político a Enrique Arias Gibert y Miguel Rodríguez Brunengo, los dos camaristas que ordenaron, el 22 de agosto de 2018, las primeras reincorporaciones de los trabajadores de Télam despedidos por Hernán Lombardi. Al principio se la observó con alguna indiferencia (el gobierno no tiene mayorías en el Consejo de la Magistratura y era además un movimiento de presión que el gobierno ya había montado sin éxito sobre otros jueces); incluso no faltó quien mostrara una mueca de sorna, producto de algún revanchismo personal, por la desgracia de Gibert.
Pero la atmósfera actual de la Cámara del Trabajo está atrapada una preocupación que no reconoce trincheras ideológicas: si Arias Gibert y Rodríguez Brunengo fueron enjuiciados “por el contenido de sus sentencias”; esto es, por su simple criterio jurídico, bueno o malo; y eso habilita un jury, qué garantías hay de que eso no le ocurra a sus pares, incluso los que suelen consultar a los voceros del poder antes de redactar sus sentencias.
No es una cuestión menor. Y por eso a todos les tiembla el pulso en firmar una resolución sobre Télam, más porque es obvio que se trata de un expediente que abandonó hace rato el tono circunspecto propio de los actos judiciales. Y el terreno político está en movimiento. Pero sus dudas van más allá de Télam. Una cosa es enjuiciar a los jueces por violar la ley o por cohecho, pero otra es hacerlo por el contenido de sus fallos. En un país en el que hubo Acordadas de la Corte Suprema de Justicia que avalaron Golpes de Estado y fallos que revalidaron las “leyes” sancionadas en la dictadura militar, atacar a los jueces por el contenido de las sentencias implica alentar un revisionismo sin control. ¿Qué camarista tiene hoy garantías de no ser cuestionado si esta semana acepta la competencia extrañamente delegada por la Sala V o si suma su firma a un expediente que tuvo este año un recorrido inexplicable hasta para el más heterodoxo manual de derecho procesal? La sensatez los llama a alejar sus manos de ese berbecho.
Un camarista recibió esta semana un regalo anónimo en su despacho. Un viejo libro titulado “La responsabilidad de los jueces por el contendido de sus decisiones jurisdiccionales”, dirigido por Santiago Alfonso, de la usina ideológica de la Universidad Austral. Se aprendió un fragmento del capítulo IV -que presenta la tesis de la irresponsabilidad de los jueces como principio-, que no es otra que la doctrina clásica que el macrismo erosionó con sus embates judiciales.
Quizá sea la hora de volver al derecho.
El pecado original
Varios de los vaivenes del expediente de los trabajadores de Télam nacieron de la interpretación de una modificación reglamentaria que hizo la Cámara sobre los sorteos de los jueces, el 8 de noviembre de 2018. Leído fuera de contexto, nada raro sobresale más allá del aburrimiento que impera en un texto de tono administrativo. Pero a poco de escarbar, aparecen dos hechos inusuales: el cambio no lo promovió un juez sino un abogado del gobierno, Juan José Etala (el autor jurídico intelectual de los despidos en Télam) y el registro de la votación en las actas revela que el cambio era el deseo de la minoría de la Cámara. Alguien borró los registros sobre cómo la minoría se convirtió en mayoría.
Fuente: Infonews
