El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas – La Plata (CECIM) manifestó su enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó la acción de amparo presentada para frenar la derogación de la Ley de Tierras. En un comunicado público difundido tras conocerse la resolución, el colectivo de exsoldados conscriptos denunció que «la Corte decretó que la soberanía no es un bien jurídico y puso a la Argentina en venta» al convalidar la desregulación contemplada en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 firmado por el presidente Javier Milei. La organización criticó la postura del tribunal al señalar que, mientras la sociedad civil ratifica que «LA PATRIA NO SE VENDE», los magistrados optaron por convalidar las aspiraciones del Poder Ejecutivo.
La crítica al atajo procesal y la paradoja institucional
El eje central del cuestionamiento expresado por los excombatientes radica en el mecanismo técnico mediante el cual los jueces evitaron ingresar al análisis de fondo de la inconstitucionalidad de la norma. En su pronunciamiento, el CECIM fustigó que la máxima instancia judicial haya resuelto el expediente «pateando la pelota afuera» al argumentar una supuesta falta de legitimación del grupo de exsoldados para actuar en representación del interés colectivo. Al respecto, la entidad remarcó con profunda indignación que el tribunal dictaminó expresamente que «este grupo de ex soldados conscriptos, combatientes de Malvinas, no podemos acudir a la Justicia en defensa de la soberanía».
La contradicción de defender la patria en 1982 y ser vetados en los tribunales
La postura fijada por el grupo de veteranos puso de manifiesto una severa objeción ética respecto de las prioridades e interpretación institucional del Estado. En el escrito se recordó que las mismas instituciones estatales los enviaron a combatir en la Guerra de Malvinas bajo la premisa de la «defensa de la soberanía nacional», mientras que en la actualidad la magistratura les desconoce idoneidad jurídica para impugnar la enajenación del suelo. «Podemos morir en defensa de la soberanía, pero no acudir a un Tribunal», aseveraron los excombatientes para sintetizar lo que tildaron como un fallo «indigno, por la temeridad y violencia con la que, sistemáticamente, violenta al pueblo argentino».
Denuncian que el fallo beneficia directamente la agenda del Poder Ejecutivo
Desde una perspectiva política y analítica, la declaración del CECIM encuadra el pronunciamiento judicial como un aval directo hacia el programa económico y normativo oficial. Para los integrantes de la organización, mediante este fallo la Corte «resolvió el problema político de Milei» y le «concedió el regalito del año a Javier y a Karina Milei» al obturar la vía del control de constitucionalidad. Bajo esta mirada crítica, advierten que la remoción de las salvaguardas legales habilita a capitales extranjeros a adquirir libremente «municipios, provincias, zonas de frontera, ríos, valles, bosques, quebradas, incluidas las Islas Malvinas».
Repaso histórico sobre el rol de la máxima instancia judicial
Finalmente, la declaración de los exsoldados apela a la memoria histórica para cuestionar la trayectoria institucional del tribunal supremo. El documento insta a que «nadie salga a pretender dibujar la historia de la tragedia judicial argentina con argumentos técnicos», recordando el antecedente de la «doctrina de facto» mediante la cual la Corte legitimó dictaduras militares en el pasado. Al caracterizar al cuerpo judicial como una estructura concentrada sin control ciudadano, el CECIM concluyó responsabilizando al tribunal de ser la principal autoridad «responsable política e institucional de la venta de las tierras argentinas a extranjeros».
