En el marco de una entrevista periodística en Radio 10, el diputado nacional por Santa Fe, Agustín Rossi, analizó con severidad la propuesta del Ejecutivo nacional para implementar el denominado «pasaporte dorado» o venta de la ciudadanía argentina a cambio de montos de inversión. Frente al anuncio, el legislador fue categórico respecto del choque normativo que representa esta medida con el texto fundador del país, afirmando que «la Constitución establece los requisitos para ser ciudadano argentino y en ningún lado dice que lo puede suplir por un pago». Rossi subrayó que la Carta Magna fija exigencias claras como la residencia efectiva de dos años o vínculos familiares directos, los cuales no pueden ser reemplazados por un estipendio económico.
Al examinar la viabilidad jurídica de la iniciativa, Rossi recordó que existen precedentes judiciales que frenan intentos similares de alterar el régimen de nacionalización por la vía del decreto. El diputado enfatizó que «la Cámara Nacional Electoral» resolvió en su momento la nulidad absoluta de modificaciones vinculadas a la ley de ciudadanía por afectar el padrón electoral, y advirtió que el asunto «está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia». Esta situación deja al descubierto el riesgo institucional de emitir normas que modifiquen los derechos de ciudadanía al margen del Congreso.
Implicancias económicas y desregulación del arraigo
El análisis crítico de Rossi expuso la falta de precisiones técnicas en la presentación realizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, en foros internacionales. El legislador observó con preocupación que «el anuncio del ministro Caputo en París no especifica las inversiones» ni establece diferencias entre capitales productivos de largo plazo y fondos especulativos. Asimismo, el exagente gubernamental cuestionó la ausencia de requisitos de permanencia en el territorio, remarcando que los beneficiarios «se llevan la nacionalidad y se vuelven a su país», lo que genera una desvalorización del pasaporte argentino y dudas sobre los controles de seguridad internacional.
La diagonal para eludir la legislación sobre tierras
Más allá del incentivo financiero inmediato, Rossi vinculó el proyecto con el interés de grandes corporaciones tecnológicas surgido en encuentros con el Ejecutivo en Silicon Valley. Con la derogación de la Ley de Tierras frenada en el ámbito judicial y legislativo, la concesión de la nacionalidad opera como un mecanismo de elusión regulatoria. Según Rossi, la ciudadanía exprés es «una diagonal espléndida como para tratar de saltar todas las limitaciones que te puedan poner por ser extranjeros», permitiendo el acceso sin restricciones a la titularidad de recursos naturales y suelo nacional.
El riesgo de soberanía y las experiencias internacionales
La perspectiva territorial del proyecto proyecta escenarios donde el capital privado podría constituir jurisdicciones exentas del control estatal tradicional. Rossi advirtió sobre la posibilidad de que magnates internacionales adquieran extensiones estratégicas para «crear economías de enclave», estableciendo una comparación directa con «lo que hicieron en una magnitud bastante importante con la ciudad que construyeron en Honduras que se llama Próspera». Este tipo de modelos plantea un severo cuestionamiento sobre la soberanía territorial y el ejercicio de la autoridad pública.
Falta de transparencia en la contratación del estudio británico
En el plano de la gestión administrativa, la nota periodística constató la falta de mecanismos públicos de licitación o rendición de cuentas en la elección de los intermediarios internacionales. Rossi denunció que en la operación «no hay una documentación administrativa respaldatoria» que justifique el acuerdo con el bufete del Reino Unido encargado de comercializar los pasaportes. El diputado destacó la peligrosidad de la alianza al señalar que dicha firma «terminó sancionada por la Unión Europea por entregarle pasaportes a delincuentes» en países como Malta.
Discriminación social y respuesta parlamentaria
Para finalizar, Rossi contrapuso el sesgo de clase de esta iniciativa frente a las exigencias que enfrentan los migrantes que integran la fuerza de trabajo en el país. Argumentó que la política oficial «es clasista» debido a que «si tenés plata podés ser ciudadano argentino», mientras se imponen trabas burocráticas a quienes buscan radicarse para trabajar. Ante este escenario, el bloque parlamentario confirmó acciones directas: «presentamos un proyecto para derogar todos los artículos de ese DNU» y formalizó un pedido de acceso a la información pública con un cuestionario de 50 preguntas para que el Ministerio de Economía esclarezca las condiciones del programa.
