La reforma del régimen de biocombustibles que cuenta con media sanción en el Senado reaviva el debate sobre la concentración económica y la supervivencia de la industria nacional en las economías regionales. En diálogo con la periodista Cynthia García durante el programa La García, emitido por AM 530 (Somos Radio – Radio de las Madres), el director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustible (CEPREB), Federico Martelli, denunció que la iniciativa promovida desde el bloque oficialista de La Libertad Avanza implica «una ley que podría llevar a la quiebra a más pymes de las que ya están quebrando», al obligar a las pequeñas unidades productivas a competir sin resguardos frente a los gigantes del sector agroexportador.
El nudo de la discordia: la desregulación del biodiésel
El proyecto de ley establece un tratamiento diferenciado entre los principales insumos energéticos renovables. Mientras que en el capítulo correspondiente al bioetanol se alcanzaron consensos sectoriales, el articulado reservado para el biodiésel desató la alarma del entramado Pyme. Según precisó Martelli en AM 530, el texto legislativo propone que «las pymes que hoy elaboran todo el biodiésel que la Argentina consume tengan que salir a competir contra las grandes compañías aceiteras que hoy elaboran el biodiésel para la exportación», distorsionando un mercado diseñado originalmente para desconcentrar la producción energética.
Desproporción de escala y monopolio de la materia prima
La asimetría estructural entre los actores involucrados transforma la pretendida libre competencia en un desenlace predecible para la industria pequeña y mediana. El titular de CEPREB fundamentó en La García que la confrontación directa contra multinacionales como Cargill, Dreyfus, Bunge o AGD constituye «una competencia de imposible realización», no solo por la diferencia de escala —que en las grandes aceiteras resulta entre 10 y 20 veces mayor—, sino fundamentalmente porque «las grandes aceiteras son las dueñas de la materia prima» indispensable para elaborar el combustible a base de aceite de soja.
Impacto social, laboral y territorial en las provincias
El eventual cierre de los establecimientos productivos acarrearía consecuencias profundas sobre el tejido socioeconómico del interior del país, particularmente en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis. El dirigente Pyme detalló en la entrevista radial que la medida pone en riesgo inminente a «25 pymes, 1.500 puestos de trabajo directos y 8.000 puestos de trabajo indirectos», subrayando que «24 están en el interior» del territorio nacional, donde funcionan como motores de arraigo profesional y generan salarios formales que superan ampliamente la media nacional.
Concentración económica y tensiones de política pública
Detrás de la argumentación técnica sobre la desregulación de mercados, se proyecta una marcada reconfiguración del negocio hacia el polo portuario de Rosario. Al analizar la orientación del Ejecutivo nacional en AM 530, Martelli sostuvo de manera crítica que «es una ley para concentrar el negocio en pocas manos», recordando que desde la propia Secretaría de Energía admitieron ante las comisiones del Senado que el proyecto establecía «ganadores y perdedores» explícitos, dejando al sector Pyme excluido de las mesas formales de redacción.
La batalla decisiva en la Cámara de Diputados
Frente al traspaso del expediente a la Cámara Baja, el sector empresarial articuló gestiones junto a intendentes y gremios petroleros para exigir la apertura de las comisiones de trabajo. Al concluir sus declaraciones en la emisora, Martelli enfatizó la necesidad de resguardar el desarrollo local mediante una ampliación progresiva del corte obligatorio: «nosotros no estamos en contra de que las grandes aceiteras entren en el mercado, pero decimos que se agrande el mercado», planteando que cualquier apertura debe darse sobre el crecimiento de la demanda global y no mediante el desplazamiento forzado de la producción nacional existente.
