En una sesión maratónica de casi 17 horas, el oficialismo logró imponer su agenda de ajuste sobre el mundo del trabajo. Con 42 votos a favor y 30 en contra, la Cámara Alta aprobó el proyecto de «Ley de Modernización Laboral», una iniciativa que, bajo el eufemismo de la actualización, desmantela protecciones históricas y profundiza la vulnerabilidad de los asalariados en todo el territorio federal.
La votación, presidida por Victoria Villarruel, reflejó una fractura nítida en la representación política. Mientras que los bloques de La Libertad Avanza, el PRO y sectores de la UCR garantizaron el número para la aprobación, el Interbloque Justicialista y Convicción Federal rechazaron de plano una norma que calificaron como «regresiva» y «abiertamente inconstitucional».
Un «tratamiento exprés» bajo la sombra del FMI
La oposición denunció que el debate careció de profundidad y que el proyecto es una imposición externa. La senadora Juliana Di Tullio sostuvo que el Congreso está votando «lo que les exige el Fondo Monetario Internacional», señalando que la reforma no busca crear empleo —en un contexto donde cierran 30 pymes por día— sino disciplinar a la fuerza de trabajo.
Por su parte, el senador José Mayans criticó la «ensalada legislativa» que modifica 41 leyes de un plumazo, incluyendo la Ley de Contrato de Trabajo y el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires. Mayans calificó el procedimiento como un «avasallamiento al reglamento», denunciando que se alteró la composición de las comisiones para forzar el despacho de la mayoría.
El rechazo a la «dignidad» y la «justicia social»
Uno de los momentos más tensos de la jornada ocurrió durante la votación en particular. El senador Mariano Recalde propuso incorporar cláusulas para garantizar que la ley no se aplique retroactivamente a contratos vigentes y para incluir explícitamente el principio de «justicia social» y el respeto a la «dignidad del trabajador» en el texto.
Todas las modificaciones propuestas por la oposición fueron rechazadas de manera sistemática por el bloque oficialista, representado por Patricia Bullrich y Bruno Olivera Lucero. Esta negativa confirma la intención de dejar vacíos legales que, según advirtió Recalde, derivarán en una alta litigiosidad y en interpretaciones judiciales discrecionales.
Implicancias: del fin de las horas extras a la persecución de la prensa
La reforma introduce cambios estructurales que afectan la vida cotidiana de las y los trabajadores:
• Indemnizaciones a la baja: Se excluyen del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones y horas extras, además de permitir el pago en cuotas (hasta 12 meses para pymes).
• Jornada «moderna»: Se habilita el «banco de horas», lo que en la práctica supone el fin del cobro de horas extras y deja la disposición del tiempo en manos exclusivas del empleador.
• Ataque a la libertad de expresión: La norma dispone la derogación del Estatuto del Periodista, una herramienta clave para evitar la precarización en los medios de comunicación. Di Tullio advirtió que esto desprotege a quienes «molestan al poder» y facilita la censura indirecta a través de la fragilidad económica de los reporteros.
La media sanción ahora traslada la presión a la Cámara de Diputados. El modelo propuesto, que Mayans comparó con esquemas de endeudamiento y desocupación ya fracasados en la historia argentina, amenaza con profundizar la caída del poder adquisitivo, que hoy ya se encuentra entre los más bajos de la región.
