La Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores advirtió que la entrega de la empresa estatal de agua y saneamiento implica un riesgo para la salud pública. Comparan el proceso con el menemismo y temen aumentos tarifarios y deterioro del servicio.
La decisión del gobierno de Javier Milei de avanzar con la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA) despertó fuertes críticas de organizaciones civiles y defensores de los derechos de los consumidores. Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), calificó la medida como “un negocio para extranjeros en perjuicio de los consumidores” y advirtió que podría poner “en riesgo de vida” a millones de personas.
“Cuando estaba María Julia (Alsogaray), murieron ocho personas en Avellaneda porque brotó ácido cianhídrico de las cloacas”, recordó Bassano en una entrevista con Escuchá Página/12, evocando uno de los episodios más trágicos ocurridos durante el proceso de privatizaciones llevado a cabo por el menemismo en los años ‘90. Entonces, AySA se encontraba en manos de Aguas Argentinas S.A., un consorcio conformado por empresas francesas y socios locales.
Una advertencia con historia
Según explicó Bassano, la privatización de la empresa pública —encargada de garantizar agua potable y redes de saneamiento en la Ciudad de Buenos Aires y gran parte del conurbano bonaerense— no solo significaría volver a un modelo que ya fracasó, sino que también pondría en juego la salubridad pública: “Van a colocar a toda la población en riesgo de vida porque quieren privatizar el sistema de agua corriente, que hoy puede beberse”.
La comparación con la experiencia de Aguas Argentinas no es casual. Durante ese período, la infraestructura sanitaria sufrió un marcado deterioro y los controles sobre la calidad del agua se relajaron. “El sistema de cloacas que quieren reinstalar fue probado y resultó deficiente para garantizar la salud pública”, agregó.
Tarifas, auditorías y cuestionamientos al modelo
El titular de ADDUC tampoco descartó que, en caso de concretarse la privatización, las tarifas se dupliquen: “Lo más probable es que el nuevo operador imponga incrementos drásticos para maximizar ganancias”, señaló. Además, reclamó una auditoría completa sobre la gestión actual de AySA: “Los insumos se están cobrando a valores anormales desde que asumió este gobierno”.
Para Bassano, resulta clave preguntarse qué incentivos puede ofrecer hoy el Estado argentino para atraer inversiones en un contexto económico global adverso. “¿Qué le puede ofrecer el gobierno a una empresa para que venga a administrar e invertir? Solo condiciones leoninas, que luego terminan pagándose con vidas y con servicios públicos desmantelados”.
Una política que vuelve del pasado
Con una retórica que remite al ajuste estructural de los años noventa, el gobierno de Milei promueve un proceso de privatizaciones que incluye, además de AySA, empresas estratégicas como Aerolíneas Argentinas, el Banco Nación y medios públicos. Para organizaciones como ADDUC, estas decisiones no solo implican un retroceso en materia de derechos sociales, sino que también replican un modelo que ya mostró sus consecuencias en décadas pasadas: desigualdad, exclusión y un Estado ausente en áreas clave para la vida de la población.
“El agua no es un negocio, es un derecho humano. Y como tal debe ser protegido, no entregado al mejor postor”, concluyó Bassano.
