La Cámara Alta convirtió en ley el proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada con 42 votos afirmativos contra 26 negativos. El esquema de apoyos reunió a La Libertad Avanza, UCR, PRO, Despierta Chubut, Provincias Unidas, Convicción Federal y Movimiento por Misiones, mientras que el rechazo fue articulado por el Bloque Justicialista junto a bloques provinciales como La Neuquinidad y Primero los Salteños.
El corazón político de la sanción reside en la anulación del artículo 154 del DNU 70/2023 y la consecuente restitución del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales (Ley 26.737). La marcha atrás del oficialismo en este punto obedeció a acuerdos parlamentarios formulados en Diputados para asegurar la aprobación global del articulado.
Con la vigencia restablecida, la ley de propiedad privada reconfirma que los titulares extranjeros no podrán superar el 15% de la superficie rural en los niveles nacional, provincial y municipal. Asimismo, persisten el tope del 30% dentro del cupo para una misma nacionalidad y el límite de 1.000 hectáreas en las zonas agrícolas núcleo.
Nuevas pautas para desalojos, alquileres y expropiaciones
En materia inmobiliaria y civil, el texto incorpora el mecanismo de entrega inmediata del inmueble en casos de usurpación o tenencia precaria cuando el derecho invocado por el titular resulte verosímil. Para los contratos de locación residencial con atrasos de pago, la norma fija un trámite de intimación previa de al menos 10 días corridos antes de promover la demanda de desalojo.
En contrapartida, la legislación contempla un marco social de regularización dominial destinado a familias que acrediten la posesión legítima, pública y pacífica durante un plazo mínimo de diez años sobre inmuebles destinados a vivienda única y permanente. Esta medida busca encauzar situaciones de informalidad patrimonial presentes en diversos distritos y periurbanos del país.
En relación con el instituto de la expropiación, se exige que la declaración estatal de utilidad pública se interprete de forma restrictiva y justificada. Las indemnizaciones deberán responder al valor objetivo de mercado del bien, admitiéndose el lucro cesante con un límite orientativo del 30% del daño emergente salvo demostración fehaciente en contrario.
Impacto en las economías regionales y el paquete legislativo federal
La ratificación de los topes a la extranjerización adquiere singular relevancia para las provincias agropecuarias e industriales, donde la especulación sobre el uso del suelo rural incide de manera directa en la estructura productiva regional y en el valor de la tierra.
La jornada legislativa de más de 12 horas, presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel, formó parte de un paquete maratónico. En la misma sesión, el Senado convirtió en ley por unanimidad el nuevo régimen permanente del Sistema de Discapacidad y la Ley Joaquín sobre seguridad en espacios deportivos, además de aprobar la adhesión al Tratado de Patentes (PCT) y la reforma del transporte de cargas por agua para abaratar costos logísticos federales.

