Organizaciones socioambientales de Entre Ríos y comunidades originarias presentaron una medida cautelar ante la Justicia Nacional. El objetivo busca detener la nueva licitación de la Vía Navegable Troncal hasta que se garantice una protección real de los sistemas naturales de la provincia.
Las organizaciones civiles y cooperativas de trabajo de la provincia de Entre Ríos lideran actualmente un fuerte reclamo judicial contra el Estado nacional. Esta acción legal pretende suspender la Resolución 67/2025 que impulsa la concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay con riesgo ecosistémico. Entre los demandantes figuran la Fundación CAUCE y la Cooperativa de Trabajo Cuidadores de la Casa Común, ambas con un trabajo territorial profundo en la región entrerriana.
Estas entidades exigen que el Estado cumpla con su obligación de realizar una Evaluación Estratégica y Acumulativa de toda la cuenca. La Fundación CAUCE, según informó en su sitio oficial, sostiene que no se puede avanzar sin participación ciudadana efectiva. Además, las comunidades indígenas Mocovíes denuncian que se ignoró el derecho a la consulta previa, libre e informada que establecen los tratados internacionales.
Irregularidades en el nuevo proceso de dragado
El Gobierno nacional retomó el proceso licitatorio durante 2025, a pesar de que una convocatoria previa resultó fallida meses atrás. Las organizaciones denuncian que la nueva Resolución 67/2025 profundiza la intervención sobre el lecho del río por un periodo de al menos 25 años. Sin embargo, esta decisión administrativa ignora los principios de la democracia ambiental y la normativa vigente sobre la protección de los cursos de agua.
Por otro lado, la validez de las instancias de participación ha sido fuertemente cuestionada por la sociedad civil. Aproximadamente el 90% de los asistentes a la audiencia pública de noviembre de 2025 impugnaron el proceso por vicios legales y falta de información clara. Por consiguiente, los activistas consideran que el avance de las obras sin estudios integrales representa un acto de temeridad administrativa frente a la voluntad popular expresada.
La protección del Paraná frente a intereses económicos
La aplicación de los principios de prevención y precaución resulta fundamental para la supervivencia de los humedales regionales. El pedido cautelar presentado se fundamenta en el Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la justicia en asuntos que afecten la naturaleza. En este sentido, el río Paraná no debe ser visto únicamente como un canal comercial, sino como un bien común esencial para la vida y la cultura de Entre Ríos.
Si la adjudicación de la licitación se concreta sin estos resguardos, el daño sobre el ecosistema podría volverse irreversible para las próximas generaciones. Las organizaciones advierten que un aumento en la profundidad del dragado alterará el equilibrio hídrico y la biodiversidad de forma permanente. Por esta razón, la justicia debe intervenir para asegurar que el desarrollo económico no destruya el patrimonio natural de la cuenca.
