En una contundente declaración pública, el Partido Justicialista expresó su más firme rechazo a la decisión judicial de la jueza estadounidense Loretta A. Preska, quien ordenó al Estado argentino entregar acciones de YPF a un fondo buitre con sede en Nueva York. La medida, considerada “inadmisible e ilegal” por el partido, ha generado una fuerte reacción política y encendió el debate sobre la soberanía nacional y los límites del poder judicial extranjero sobre activos estratégicos argentinos.
La sentencia, dictada por la Senior United District Judge, aplica legislación argentina en un tribunal extranjero y ha sido calificada por el justicialismo como una “violación de las normas más elementales del derecho público y privado” del país. Según el comunicado, el fallo desconoce la inmunidad soberana de la República Argentina y configura una orden de corte “colonial”, al exigir al Congreso Nacional la autorización para ceder acciones de YPF, actualmente en manos del Estado y las provincias.
El Partido Justicialista, en defensa de la soberanía nacional, se opone y se opondrá a la entrega de YPF.
Una vez más, la Senior United District Judge Loretta A. Preska que, al juzgar en el caso YPF aplicando ley argentina violó las más elementales normas del derecho público y…
— Partido Justicialista (@p_justicialista) July 1, 2025
“El Congreso debe rechazar esta imposición con vigor y valentía”, señala el documento, que también insta a los legisladores justicialistas de ambas cámaras y a “todos aquellos que quieran defender la Patria” a oponerse activamente a la decisión judicial extranjera.
El Partido Justicialista propone la creación de un “amplio frente social y multipartidario” para asegurar la defensa de los intereses nacionales. Además, exige al Poder Ejecutivo extremar todas las medidas necesarias para proteger los activos estratégicos del país, particularmente en lo que respecta a YPF, considerada una empresa clave en el desarrollo energético argentino.
El caso YPF se originó a partir de una demanda presentada por el fondo Burford Capital, que adquirió derechos litigiosos tras la nacionalización parcial de la petrolera en 2012. El Estado argentino ha apelado la sentencia y niega la validez de la deuda reclamada, sosteniendo que no existe obligación legal de pago.
La disputa pone en evidencia la tensión entre jurisdicciones extranjeras y la soberanía de los Estados en la administración de sus recursos estratégicos. En este contexto, el Partido Justicialista reafirma su histórica defensa de la soberanía económica y energética del país, y advierte sobre las consecuencias de ceder ante intereses financieros foráneos.
