Tras tres décadas de extremas políticas neoliberales, el 19 y 20 de diciembre la Argentina estalla en una serie de acontecimientos trágicos que concluyó en una fuerte represión por parte de la policía y el asesinato de 39 personas, 10 de ellas menores de edad.
La Crisis de diciembre de 2001, también referida como «el Cacerolazo», «el Argentinazo», fue una crisis política, económica, social e institucional, potenciada por una revuelta popular generalizada bajo el lema «¡Que se vayan todos!», que causó la renuncia del entonces presidente radical Fernando de la Rúa. El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del «Corralito», el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos. No obstante, el estallido social fue el resultado de casi tres décadas de extremas políticas neoliberales, que se aplicaron por primera vez de la mano de José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura militar de 1976.
El desmantelamiento del aparato productivo, la reducción del Estado, el desfinanciamiento de la educación y la salud, los reiterados casos de corrupción, los altos niveles de pobreza, precarización laboral y desocupación, la recesión económica y, finalmente, el corralito financiero, impuesto por el entonces ministro de economía Domingo Cavallo, fueron algunos de los padecimientos que llevaron a sectores de la clase media, que veían sus ahorros desaparecer, a salir a la calle a reclamar junto a los sectores populares, quienes ya se venían organizando en torno a ollas populares, piquetes y asambleas.
La revuelta derivó en un estallido social generalizado la noche del 19 de diciembre de 2001,6 inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del Estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados.
CONDENA FIRME A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS
El 20 de diciembre de 2001, el gobierno de Fernando De la Rúa ordenó la represión de la protesta en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Gastón Riva, Carlos Almirón, Diego Lamagna, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez fueron asesinados como consecuencia de esa orden y otras muchas personas fueron heridas. A 23 años de aquel día y después de un extenso camino judicial, la Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas al entonces secretario de Seguridad Enrique Mathov y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos. Confirmó, de esta manera, que los funcionarios políticos tienen responsabilidad penal por las consecuencias de la orden de reprimir y que la conducción política de las fuerzas de seguridad debe responder por los efectos de los operativos y cómo se utiliza la fuerza.
Esta decisión de la Corte sienta un precedente único para Argentina y América Latina en estos tiempos en los que vemos crecer el uso de la violencia estatal contra quienes salen a las calles a protestar. En democracia, los derechos a reunirse y manifestarse son derechos básicos y el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad del Estado tiene límites estrictos cuyo incumplimiento implica responsabilidades, no solo para los autores materiales, sino también para las autoridades de esas fuerzas.
Mathov y Santos fueron declarados culpables en 2016 tras un juicio oral en el Tribunal Oral Federal 6 por la muerte de Riva, Almirón y Lamagna, y por las heridas que la Policía causó a otras 20 personas durante las protestas en Plaza de Mayo, en medio del estado de sitio que había decretado De la Rúa. El veredicto de ese juicio oral fue apelado, la Cámara Federal de Casación lo revisó y ordenó modificar las penas, que en 2021 fueron reducidas a 4 años y 3 meses de prisión, en el caso de Mathov, y de 3 años y 6 meses, en el de Santos. Tras el fallo de la Corte, el Tribunal Oral 6 ordenó sus detenciones.
El fallo de la Cámara concluyó que “los resultados lesivos (muertes y lesiones), corroborados el día 20 de diciembre de 2001 y provocados por los numerarios de la Policía Federal Argentina, son consecuencia del riesgo generado por Mathov al ordenar el operativo policial y luego no supervisar el mismo pese a los deberes que tenía a su cargo en este último sentido.” Y remarcó que la autoridad política debe “evitar excesos por parte de la fuerza”.
En aquel juicio también fueron condenados Raúl Roberto Andreozzi, a cargo de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, y Norberto Gaudiero, quien se encontraba a cargo de la Dirección General de Operaciones de esa fuerza. Ambos fallecieron antes de la sentencia de la Corte.
La investigación judicial de los homicidios y lesiones que ocurrieron esos días se caracterizó por su extrema lentitud e incapacidad para reconstruir los hechos. De esta manera, no fue posible dar un mensaje contundente sobre lo que implicó la declaración del estado de sitio y la habilitación a la policía para reprimir descarnadamente el estallido social que irrumpió ante la crisis. La falta de investigación judicial de la gran cantidad de detenciones ilegales que se sucedieron durante esas jornadas también impidió la determinación de responsabilidades penales por esos hechos. El poder judicial tampoco avanzó en la identificación e investigación de quienes dispararon con balas de plomo directamente contra quienes se manifestaban.
En 2011, diez años después de aquella represión, el gobierno dictó una resolución que limitaba el uso de la fuerza con el objetivo de evitar situaciones como las que ocurrieron el 19 y 20 de diciembre. Sin embargo, aquella resolución fue derogada por el protocolo antiprotestas que dictó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, días después de asumir en diciembre de 2023.
