En una sesión de fuertes cruces, el Senado sancionó la reforma que reduce la edad de imputabilidad. Voces opositoras denuncian que la ley es inconstitucional, carece de presupuesto y no ofrece una solución integral a la problemática social.
Una votación que divide al país
El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, marcando un cambio estructural en la justicia para adolescentes en Argentina. La iniciativa, que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, recibió 44 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención. De este modo, la norma reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, estableciendo un marco normativo que deroga la Ley 22.278 vigente desde la última dictadura militar.
Aunque el oficialismo defendió la medida como una «jornada histórica» para garantizar la seguridad y los derechos de las víctimas, la sesión estuvo cargada de tensiones. Legisladores de la oposición calificaron la medida como inconstitucional, advirtiendo que Argentina podría estar incumpliendo obligaciones internacionales asumidas en materia de derechos humanos. En consecuencia, el debate giró en torno a si esta reforma busca realmente la resocialización o si se trata de una respuesta puramente punitiva ante el fracaso estatal en la prevención del delito.
Martín Soria: «Una ley que no va a solucionar nada»
Durante su intervención, el senador Martín Soria, a través del canal Senado Argentina, expresó su profundo rechazo al texto sancionado. El legislador cuestionó que el debate en el Senado fuera «exprés» y no permitiera escuchar a los especialistas que sí participaron en la Cámara de Diputados, donde 30 de 31 expertos se opusieron a la norma. Soria denunció que la ley prioriza la respuesta penal sobre una integral, llevando incluso conflictos escolares menores al ámbito de los jueces y fiscales.
Asimismo, el senador alertó sobre la falta de infraestructura para alojar a menores de 14 y 15 años, señalando que los gobernadores recibirán una carga sin el presupuesto adecuado. El exministro de Justicia enfatizó que esta ley viola principios de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la culpabilidad disminuida de los menores. De manera categórica, Soria manifestó: «Esta ley contiene graves y peligrosos errores y sigue siendo muy mala».
Alicia Kirchner: El interrogante del presupuesto y la salud mental
Por su parte, la senadora Alicia Kirchner centró su análisis en la inviabilidad operativa de la reforma debido a la falta de fondos y la crisis social. La legisladora santacruceña, en su discurso publicado por Senado Argentina, subrayó que seis provincias carecen totalmente de institutos de encierro para menores. Además, denunció el cierre de centros del Sedronar y el despido de técnicos especializados en niñez, lo que deja al Estado sin herramientas para abordar problemas de adicciones y salud mental.
Kirchner comparó las estadísticas regionales para demostrar que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito, citando casos como el de Ecuador. La senadora reclamó una mirada federal que entienda la problemática desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, criticando que se legisle desde la Capital Federal sin conocer la realidad de los territorios. En un cierre reflexivo sobre la carencia de políticas de protección, Kirchner concluyó que no se debe «legislar sin saber cómo vamos a dar respuestas».
