El presidente Javier Milei y la justicia de Jujuy buscan que Milagro Sala cumpla su condena de 15 años en prisión. Organizaciones de derechos humanos denuncian persecución y hostigamiento sobre la líder social.
El Gobierno argentino y la justicia de Jujuy intensificaron la presión sobre Milagro Sala, líder de la organización Tupac Amaru. Según informaron fuentes oficiales, la principal razón es la sentencia firme de 15 años que Sala debe cumplir.
Desde enero de 2016, cuando fue detenida tras participar en una manifestación social, la justicia provincial acumula causas contra la dirigente. El objetivo, según el Gobierno, es garantizar el cumplimiento de la condena y preservar la integridad del sistema judicial.
Milei exigió que se retiren las medidas de protección sobre Sala para que este regrese a prisión, mientras culpaba al organismo internacional en una diatriba parecida a la que Donald Trump suele hacer de otorgar “beneficios” indebidos; Milei estaba dispuesto a comenzar un nuevo período en derechos humanos.
Intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) ordenó al Estado argentino otorgar a Sala arresto domiciliario o una medida menos perjudicial, tras constatar un rápido deterioro de su salud. Recientemente, la líder social fue dada de alta del hospital donde recibía tratamiento médico.
Repudio total al pedido de revocación de la detención domiciliaria de Milagro Sala.
Una de las primeras perseguidas políticas por la derecha argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri y lleva más de 10 años injustamente detenida. https://t.co/h2bl20cEiS— ATE Capital (@ATECapitalOk) February 5, 2026
El presidente Javier Milei pidió retirar estas medidas y que Sala regrese a prisión. Comparó la intervención de la Corte-IDH con lo que considera “beneficios indebidos”, en una postura similar a críticas internacionales que cuestionan organismos de derechos humanos.
Hostigamiento y declaraciones oficiales
El jueves pasado, Joaquín Mogaburu, responsable de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH), emitió un comunicado en el que cuestionó la actuación de Sala. Según el texto oficial, “los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad”.
El Ministerio de Justicia enfatizó que las medidas provisionales otorgadas por la Corte-IDH habrían favorecido a un criminal, y acusó a Sala de incumplir el arresto domiciliario. En paralelo, organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron hostigamiento y persecución política por parte del Gobierno.
Defensa y contexto político
Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de la Mujer y miembro del equipo jurídico de Sala, sostuvo que “el Gobierno busca generar noticias con Milagro para hacer política”. Agregó que la publicación oficial sólo agrava el sufrimiento de la dirigente y calificó de injusta la presión sobre su traslado a La Plata, ciudad donde recibe tratamientos médicos que no podía acceder en Jujuy.
Para Gómez Alcorta, la persecución a Sala es un ejemplo de cómo el ajuste y el hostigamiento político afectan a líderes sociales, y señaló que las medidas estatales no tienen como objetivo garantizar seguridad, sino disciplinar y visibilizar una sentencia en curso.
