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Tomás Pérez Bodria: «La Corte Suprema es la cabeza ejecutiva del lawfare»

El abogado Tomás Pérez Bodria afirmó que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia constituyen una “vulneración del Código Penal y un desconocimiento de la Constitución”.


A partir del fallo de la Corte Suprema de la Nación que dejó firme la sentencia a Amado Boudou por el caso “Ciccone”, el abogado Tomás Pérez Bodria inició un pedido de juicio político a los cinco integrantes del Alto Tribunal. Los acusa de «abuso de autoridad» y «prevaricato» en esa decisión y en la que involucra a los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli que fueron trasladados por Mauricio Macri vía decreto.

Tomás Pérez Bodria, sostuvo que “la Corte Suprema es la cabeza ejecutiva del lawfare en Argentina” desde el final del segundo mandato de Cristina Fernández y “con más efusividad” durante los cuatro años que gobernó el Mauricio Macri.

En diálogo con Fernando Alonso, el abogado señaló la doble vara de la Corte Suprema que no consideró la gravedad institucional en el caso de Boudou, “pero sí en el caso de los jueces amigos” Bruglia, Bertuzzi y Castelli beneficiados con un per saltum. Además, aseguró que ese accionar constituye un mal desempeño, y también una “vulneración de normas del Código Penal”, en conjunto con “un desconocimiento de la Constitución Nacional”.

Pérez Bodria, quien integra el movimiento político sindical Primero la Patria, remarcó que el per saltum otorgado a los “jueces ocupas”, les permite conservar sus puestos hasta que finalice el mandato de Alberto Fernández. Asimismo, destacó que lo que hizo la Corte es “premiarlos por su posición ante el lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner”, y además mantener puestos en la Cámara Federal de Capital Federal, en la cual se podrían “derivar casos en los que involucren a funcionarios del macrismo”.

Por último, Pérez Bodria señaló que la presentación judicial contra Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, recayó por sorteo en el juzgado de María Romilda Servini, quien debería abrir la investigación y avanzar en las pruebas testimoniales y documentales. Si eso llegara a prosperar, la jueza podría “llamar a indagatoria, pedir el desafuero y comenzar el proceso de juicio político” a los miembros de la Corte.

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