El Parlamento israelí (Knesset) aprobó este lunes, en segunda y tercera lectura, una ley que restablece y sistematiza la pena capital para prisioneros, afectando principalmente a la población palestina bajo jurisdicción militar. Con una votación de 62 a favor, 48 en contra y una abstención, la norma se consolida como una herramienta de castigo estatal en un contexto de conflicto permanente. Según reportó el medio teleSUR, la legislación «obliga a los tribunales militares a aplicar la pena de horca» a quienes sean considerados responsables de muertes de ciudadanos israelíes bajo la etiqueta de “actos de terrorismo”.
Un quiebre en el andamiaje legal internacional
La medida representa un giro drástico en la historia legislativa del Estado de Israel, que había abolido la pena de muerte para crímenes comunes en 1954. La nueva normativa, denominada oficialmente “Código Penal (Enmienda – Pena de muerte para terroristas)”, permite excepciones mínimas donde los tribunales podrán sustituir la ejecución por cadena perpetua solo si existen «razones especiales». Desde la Presidencia de Palestina, el rechazo fue inmediato, advirtiendo que esta ley «contradice los principios establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Convenios de Ginebra», lo que sitúa a la potencia ocupante en una posición de abierta ilegalidad ante el derecho internacional.
Israel just passed death penalty law for ~10,000 Palestinian prisoners.
This violates the Common Article 3 applies to all four Geneva Conventions, but international law clearly doesn’t apply to Israel. pic.twitter.com/5m8HvCc2mi
— Mohamad Safa (@mhdksafa) March 30, 2026
Implicancias sociales y territoriales en la región
La aplicación de esta ley no solo afecta a los actuales detenidos —estimados en cerca de 10.000 personas por activistas de derechos humanos—, sino que redefine la relación de fuerza en los territorios ocupados. La Presidencia palestina denunció que la normativa «resquebraja el Cuarto Convenio de Ginebra, al vulnerar las garantías de protección a las personas y el derecho a un juicio justo». En términos territoriales, esta medida se percibe como un mecanismo de control coercitivo que busca sofocar las aspiraciones de soberanía palestina, aunque desde Ramala aseguraron que ninguna acción detendrá su objetivo de un «Estado soberano con capital en Jerusalén oriental».
El aislamiento diplomático y la reacción de los vecinos
La aprobación parlamentaria generó una onda expansiva de rechazo en los países árabes limítrofes, profundizando la inestabilidad en la región. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto señaló que la decisión israelí «implica una violación de los principios básicos de justicia e igualdad ante la ley» reconocidos internacionalmente. Por su parte, Jordania fue más tajante al calificar, a través de su vocero Fouad Majali, a la legislación como ««racista, discriminatoria e ileg legítima»», instando a la comunidad internacional a intervenir contra lo que consideran una imposición ilegal de una potencia ocupante sobre población civil.
