En una jornada marcada por la reparación histórica, el Juzgado Federal 3 de Mendoza, encabezado por el magistrado Miguel Hugo Vaca Narvaja, notificó formalmente la identificación de 12 personas que permanecían desaparecidas desde la última dictadura cívico-militar. Las víctimas habían sido secuestradas y trasladadas al Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) “La Perla”, en Córdoba, uno de los engranajes más cruentos del terrorismo de Estado en el interior del país. Según informó el magistrado a la prensa, el proceso de notificación fue estrictamente privado por respeto a las familias, señalando que “una de las familias de los identificados pidió que su nombre no sea difundido” para resguardar su intimidad en este proceso de duelo.
El peso del silencio y la denuncia postergada Los hallazgos son el resultado de la «Campaña de Búsqueda 12», centrada en un predio del ex Tercer Cuerpo de Ejército conocido como «Loma del Torito». Resulta imperativo destacar que este sector no es un descubrimiento reciente de la inteligencia estatal, sino un sitio que “ya había sido denunciado en los años 80 por el trabajador rural Julián Solanille”, cuya voz fue desoída o postergada por el aparato judicial durante décadas. Esta dilación pone de manifiesto las deudas del Estado en la celeridad de los procesos de búsqueda en territorios controlados por las fuerzas armadas.
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Desafíos técnicos y rigor científico Entre las identidades recuperadas se encuentran Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Carlos Alberto D’Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O’Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tissera. El trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) enfrentó retos científicos particulares en esta etapa; se detectó un perfil genético que coincide plenamente con dos hermanas, pero, tal como explicó el equipo técnico, “al momento no es posible determinar a cuál de ellas corresponde el hallazgo” debido a su condición de mellizas (Adriana María y Cecilia María Carranza Gamberale).
Un proceso de búsqueda que no concluye La labor en el terreno, coordinada por Silvana Turner y el director del laboratorio de genética, Carlos Vullo, reafirma la vigencia de la demanda por Memoria, Verdad y Justicia a casi 50 años del golpe. La antropóloga Anahí Ginarte, pieza clave en las excavaciones, fue contundente respecto al futuro de las tareas en el predio al subrayar que “quedaron sectores sin revisar y que se seguirá trabajando en todo el año 2026”. Esta declaración de Ginarte no solo proyecta la continuidad del trabajo científico, sino que también funciona como un recordatorio de que el territorio argentino aún resguarda verdades que la democracia tiene la obligación de desenterrar.
