El Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Reconquista oficializó la apertura del concurso preventivo de Emilio Alal SACIFI. Por su complejidad y peso histórico en el norte santafesino, la causa fue caratulada como «Gran Concurso», imponiendo inhibiciones al directorio.
El Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial de la Primera Nominación de Reconquista, a cargo del Dr. Franco Raschetti, dictó el pasado 27 de febrero la apertura del concurso preventivo de la firma Emilio Alal S.A.C.I.F.I.. La medida, oficializada en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe este 4 de marzo, marca un punto de inflexión en la crisis económica regional debido a la clasificación del proceso como “Gran Concurso – Categoría A”.
Esta categorización responde a la “envergadura y complejidad de la causa”, un estatus que el magistrado otorgó bajo los términos de la Ley de Concursos y Quiebras. A diferencia de la tendencia dominante en los registros judiciales recientes, saturados por pequeñas quiebras de personas físicas, el caso de Alal destaca por su peso en la estructura productiva. Como muestra de la magnitud del proceso, la justicia exigió a la empresa un depósito de $7.526.400 únicamente para cubrir los gastos de correspondencia y notificaciones.
Historia y estructura de un imperio regional
La firma Emilio Alal SACIFI se consolidó históricamente como un pilar del departamento General Obligado, operando bajo una estructura familiar de amplia ramificación. Su denominación como Sociedad Anónima Comercial, Industrial, Financiera e Inmobiliaria (SACIFI) refleja una diversificación empresarial que ha sostenido gran parte del empleo en el norte de Santa Fe.
El alcance territorial de sus operaciones es tal que el juzgado ordenó publicar los edictos judiciales no solo en Santa Fe, sino también en los boletines oficiales de Corrientes, Chaco, la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Actualmente, la conducción de la compañía recae en un directorio integrado por múltiples miembros de la familia Alal, encabezado por su presidente Emilio Miguel Alal. La firma ha sido un actor central en la cadena de valor textil y agroindustrial, sectores que hoy enfrentan una vulnerabilidad sistémica.
Debido a esta complejidad operativa y financiera, la sindicatura no será unipersonal, sino que estará a cargo de un Estudio Contable de Categoría A, seleccionado mediante sorteo público.
Restricciones al directorio y cerrojo patrimonial
La resolución judicial no solo abre la etapa de renegociación de deudas, sino que impone un fuerte control sobre la cúpula directiva para evitar el desvío de activos. El tribunal decretó la inhibición general para disponer y gravar bienes registrables de la deudora, medida que solo podrá levantarse con autorización expresa del juez.
A su vez, se ordenó anotar la apertura del concurso en el Registro de Procesos Universales y comunicar la situación a la Administración Provincial de Impuestos.
Asimismo, los integrantes del directorio tienen prohibido ausentarse del país sin previa autorización judicial y comunicación a las fuerzas federales. Los directivos afectados por este “cerrojo patrimonial” son, además del presidente, Eduardo Antonio Alal (vicepresidente), Marcelo Julio Alal (secretario), Luis Antonio Alal, Liliana Beatriz Alal y Guillermo Fabián Alal.
La vigilancia sobre el patrimonio busca garantizar que el proceso de verificación de créditos, que vence el 28 de mayo de 2026, se desarrolle de manera transparente y controlada.
La sombra de la crisis en el norte
La fragilidad financiera de Emilio Alal genera una alarma inmediata en la cadena de pagos y en el sostenimiento de los puestos de trabajo en Reconquista y Avellaneda. Según el cronograma fijado por el Dr. Raschetti, el período de exclusividad —el tiempo legal para que la empresa logre un acuerdo con sus acreedores— se extenderá hasta el 14 de abril de 2027. Durante este lapso, la sindicatura deberá emitir informes mensuales sobre la evolución de la compañía.
Este escenario se suma a los antecedentes de crisis en otras agroexportadoras y textiles de la zona, reforzando la preocupación por un posible efecto dominó en el nodo productivo del norte santafesino.
El destino de esta histórica firma, cuya audiencia informativa final se programó para el 8 de abril de 2027, definirá gran parte del pulso económico del departamento General Obligado en los próximos años.
