La Justicia ordenó la detención de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group, tras un peritaje que reveló un vínculo directo entre un lote de fentanilo contaminado y una ola de muertes en hospitales de todo el país. Gendarmería y la PSA realizaron allanamientos simultáneos y hay más de diez directivos imputados.
La Justicia ordenó la detención de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group, tras un peritaje que reveló un vínculo directo entre un lote de fentanilo contaminado y una ola de muertes en hospitales de todo el país. Gendarmería y la PSA realizaron allanamientos simultáneos y hay más de diez directivos imputados.
En un giro determinante en la causa por la distribución de fentanilo contaminado, la Justicia ordenó la detención de Ariel Fernando García Furfaro, titular del laboratorio HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, tras un informe forense que lo vincula directamente con la muerte de al menos 90 pacientes.
La detención se produjo este jueves durante una serie de allanamientos simultáneos realizados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional, en el marco de una investigación que ya es considerada una de las más graves del sistema sanitario argentino en las últimas décadas.
Un peritaje clave: el lote 31202, en el centro del escándalo
La decisión judicial se sustentó en un informe del Cuerpo Médico Forense, difundido el miércoles, que confirmó que ampollas del lote 31202 de fentanilo fabricado por HLB Pharma fueron determinantes en la evolución clínica de decenas de pacientes fallecidos.
El documento fue elaborado a pedido del Centro de Asistencia Judicial Federal y analizó 20 autopsias de personas que fueron tratadas con ese opioide. En 11 de los casos, los forenses establecieron un “nexo concausal”, es decir, que el fentanilo contaminado agravó el cuadro clínico preexistente y contribuyó directamente al desenlace fatal.
Otros cinco casos fueron calificados como “fortuitos”, dado que la infección bacteriana presente en el fármaco no alteró el pronóstico terminal del paciente. Los casos restantes aún están bajo revisión, debido a la falta de documentación médica completa.
Red de responsabilidades: 10 órdenes de detención
Junto a Ariel García Furfaro, la Justicia emitió órdenes de detención para otros altos cargos de las empresas involucradas. Están imputados Diego y Damián García, hermanos del empresario y también responsables de la conducción del grupo, y Nilda Furfaro, madre de los García y vicepresidenta de HLB.
También fueron alcanzados por la medida judicial Javier Tchukran (director general de HLB y Laboratorios Ramallo), Carolina Ansaldi y Víctor Boccaccio (directores técnicos de Laboratorios Ramallo), José Antonio Maiorano (director técnico de HLB), Horacio Tallarico (presidente de Laboratorios Ramallo) y Rodolfo Labrusciano (director suplente).
La hipótesis central de la investigación apunta a una cadena de responsabilidades internas que habría permitido la distribución de un producto contaminado, ignorando protocolos sanitarios esenciales y sin alertar al sistema de salud.
Más de 90 víctimas fatales
El número de muertes vinculadas al fentanilo contaminado supera las 90, aunque los investigadores temen que esa cifra aumente a medida que se incorporen nuevas autopsias y se revisen historias clínicas de pacientes fallecidos en condiciones similares.
El fentanilo es un potente opioide utilizado habitualmente en contextos hospitalarios para anestesia o tratamiento del dolor agudo. Su administración requiere condiciones de máxima seguridad. La contaminación del lote en cuestión introdujo bacterias que provocaron infecciones severas, shock séptico y fallas multiorgánicas en varios de los pacientes afectados.
Un escándalo que sacude al sistema de salud
El caso, que comenzó a investigarse tras un inusual número de muertes postquirúrgicas y reacciones adversas graves, sacudió al sistema de salud y al sector farmacéutico. La ANMAT había ordenado el retiro del lote involucrado a principios de este año, pero las responsabilidades penales avanzaron luego de detectarse fallas graves en el control de calidad y en la trazabilidad del producto.
La Justicia busca ahora determinar si hubo negligencia, encubrimiento o incluso dolo en la distribución del fármaco, y si los responsables empresariales omitieron alertas internas sobre la posible contaminación.
La causa penal continúa abierta y se esperan nuevas detenciones y medidas cautelares. Mientras tanto, los familiares de las víctimas exigen justicia por lo que ya se perfila como una tragedia evitable con múltiples responsables.
