El dictamen de la Procuración despeja el camino para que la Corte Suprema analice el reclamo presentado por el gobierno entrerriano contra el Estado nacional, en el marco del conflicto por el incumplimiento del Pacto Intrafederal de Salto Grande. El paso es clave para avanzar hacia una audiencia de conciliación y recuperar fondos que la provincia considera adeudados desde 2013.
La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema de Justicia es competente para intervenir en la acción judicial presentada por la provincia de Entre Ríos contra el Estado nacional, en el marco del conflicto por el incumplimiento del Pacto Intrafederal de Salto Grande.
Este dictamen representa un avance sustancial en el reclamo que impulsa el gobierno entrerriano para recuperar los derechos económicos y federales consagrados en el acuerdo firmado en 1998 por la Nación y las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones. En dicho pacto se estableció un mecanismo de distribución de excedentes generados por la represa de Salto Grande, que el Ejecutivo nacional habría desvirtuado mediante resoluciones administrativas a partir del año 2013.
Con el aval de la Procuración, se allana el camino para que el proceso continúe formalmente ante el máximo tribunal. En ese contexto, la provincia ya había solicitado una audiencia de conciliación, cuya realización estaba supeditada a que la Corte asumiera su competencia. Tras el dictamen, se espera que el tribunal fije fecha para dicho encuentro.
Desde el Ejecutivo provincial subrayaron la relevancia institucional del paso dado:
“Es fundamental para que la Corte avance en la resolución del conflicto. Estamos reclamando que se cumplan los compromisos asumidos y se restituya lo que le corresponde a Entre Ríos por derecho”, indicaron fuentes oficiales.
El núcleo del conflicto se remonta a decisiones de la Secretaría de Energía de la Nación que, desde 2013, redujeron unilateralmente el valor asignado a la energía generada en Salto Grande. Esta modificación afectó directamente los excedentes reparatorios que deben distribuirse a las provincias, en contravención al pacto federal vigente.
