La decisión impacta en 40 mil kilómetros de rutas nacionales y fue anunciada en la antesala del fin de las facultades delegadas. El sindicato advierte un “genocidio vial” y denuncia desmantelamiento del Estado.
El gobierno de Javier Milei anunció este lunes el cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial, y la Agencia de Seguridad Vial. La medida fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y se formalizará este martes mediante su publicación en el Boletín Oficial.
El anuncio llega a solo horas del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso en el marco de la Ley Bases, cuya vigencia culmina este 8 de julio. La decisión implica la disolución del organismo estatal que históricamente ha sido responsable de planificar, construir y mantener las rutas nacionales, que abarcan más de 40.000 kilómetros en todo el país.
La Dirección Nacional de Vialidad emplea a más de 5.500 trabajadores en las 23 provincias. Con su cierre, esos puestos quedarían en riesgo, mientras que la conservación y seguridad de 118 rutas nacionales quedaría en suspenso, sin estructura estatal que garantice su mantenimiento.
Argumentos del Gobierno: “La corrupción tiene su acta de defunción”
Adorni justificó la medida al asegurar que “la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción firmada, y la acaba de firmar el presidente Javier Milei”. Explicó que las funciones de la DNV serán absorbidas por el Ministerio de Economía y una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
A su lado, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el cierre como parte de un proceso de “eficiencia y transparencia” y remarcó que el Gobierno no buscará prorrogar las facultades delegadas “como hacía el kirchnerismo”.
Además, se anunció la licitación de más de 9.000 kilómetros de rutas para ser operadas por el sector privado, en un contexto en el que, desde diciembre de 2023, no se ha ejecutado ninguna inversión en obra pública, como parte de la política de ajuste y desregulación estatal.
Denuncia sindical: “Es el acta de defunción de la seguridad vial”
Desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), la respuesta fue contundente. La secretaria general Graciela Aleñá responsabilizó directamente al presidente Milei y a Sturzenegger por las consecuencias de la medida. “Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas. Es una vergüenza. Esto no es una reorganización, es desmantelar al Estado para hacer negocios”, denunció.
Aleñá advirtió que, con esta decisión, “más de 5.500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales quedan a la deriva, y más de 40.000 kilómetros sin mantenimiento ni cobertura técnica”.
Además, rechazó los dichos del Gobierno sobre la supuesta ineficiencia del organismo, calificándolos como “una mentira ideológica” y denunció que “se están desviando fondos del impuesto a los combustibles, que deberían ir a las rutas, a otros fines”.
Riesgo federal y pérdida de soberanía vial
El sindicato también criticó el traspaso de funciones al Ministerio de Economía, señalando que “aleja las decisiones de los territorios, debilita el criterio técnico de la planificación y elimina el control parlamentario”.
“La nueva agencia no será técnica ni federal. Se regirá por criterios político-fiscalistas y mercado, donde las decisiones se basarán en rentabilidad y no en necesidad o seguridad”, alertó Aleñá, quien pidió a los gobernadores y legisladores “oponerse firmemente” a la medida.
Según el gremio, el cierre de Vialidad Nacional implica una pérdida de soberanía vial. “Las decisiones sobre rutas, licitaciones y obras quedarán en manos de privados o funcionarios sin conocimiento territorial. Es el inicio del genocidio en las rutas argentinas”, sentenció la dirigente.
