En diálogo con Somos Radio AM 530, el constitucionalista Eduardo Barcesat criticó la actuación del Poder Judicial argentino y denunció la utilización del lawfare como herramienta política. También anticipó la presentación de una convención regional contra la judicialización de la política en América Latina.
El reconocido abogado constitucionalista Eduardo Barcesat realizó fuertes declaraciones sobre la Causa Cuadernos, al considerar que el expediente judicial se apoya en “relatos ficcionales” y que expone “una de las etapas más oscuras del Poder Judicial argentino”. En diálogo con Somos Radio AM 530, el letrado calificó al sistema judicial como “corrupto y genuflexo ante el poder político”.
Según Barcesat, el proceso judicial se desvió de los marcos legales propios del derecho continental y adoptó prácticas del common law, propias del sistema anglosajón, para “eludir procedimientos garantistas y vulnerar la presunción de inocencia”.
El lawfare y la persecución política
El jurista vinculó directamente la Causa Cuadernos con una estrategia de lawfare, es decir, el uso del sistema judicial como herramienta de persecución política. “Esta metodología se utilizó para hostigar a figuras como Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner”, señaló Barcesat, quien recordó que situaciones similares se repitieron en otros países de América Latina, como Brasil y Ecuador.
Además, el abogado subrayó que esta práctica erosiona las bases democráticas de los Estados y destruye la confianza ciudadana en las instituciones. “El lawfare no es solo un problema argentino, sino un mecanismo regional que busca condicionar la soberanía popular y deslegitimar a los gobiernos populares”, agregó.
Propuesta regional contra el lawfare
Durante la entrevista, Barcesat anunció que impulsará una convención regional interamericana para abordar y prevenir el lawfare. Según explicó, el proyecto busca consolidar una campaña internacional de defensa del Estado de Derecho y de las garantías constitucionales en toda América Latina.
“La región necesita herramientas jurídicas propias para enfrentar esta ofensiva”, enfatizó, al tiempo que convocó a organizaciones sociales, académicas y políticas a sumarse a la iniciativa.
Desde su mirada, la batalla contra el lawfare no es solo legal, sino también cultural y comunicacional: “Se debe recuperar la confianza en una justicia que sirva al pueblo, no al poder económico ni mediático”, concluyó.
