La Corte Suprema condenó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria a implementar el Plan Integral Estratégico para el Delta (PIECAS-DP) ante la persistencia de incendios que afectaron más de 300.000 hectáreas en 2020. El tribunal consideró que hubo falta de coordinación y medidas insuficientes para prevenir las quemas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo que marca un antes y un después en la gestión ambiental del Delta del Paraná. El máximo tribunal responsabilizó al Estado Nacional, a las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe, y a los municipios de Rosario y Victoria por la falta de prevención y control en los incendios que desde hace años afectan a la región.
El fallo ordena ejecutar de manera efectiva el Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta (PIECAS-DP), creado en 2008 como marco de coordinación entre jurisdicciones. Para los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, este plan “es el ámbito adecuado” para evitar nuevos episodios críticos.
Un antecedente ambiental que dejó cicatrices en todo el país
Los incendios de 2020 representaron uno de los peores desastres ambientales del Delta en décadas. Entre enero y septiembre se quemaron 328.995 hectáreas, el equivalente al 14% del territorio comprendido por el PIECAS-DP.
Los datos oficiales muestran daños severos: áreas naturales protegidas, bosque nativo, zonas ganaderas y forestaciones.
Estos incendios afectaron la salud de ciudades como Rosario y localidades ribereñas de Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. El humo cruzó el río y permaneció durante semanas sobre centros urbanos que reclaman desde hace años respuestas estructurales.
Una demanda que llegó desde organizaciones civiles
La causa se originó en una presentación de la Asociación Equística Defensa del Medio Ambiente, organización que en 2020 exigió medidas urgentes para frenar las quemas.
La periodista Rita Lucca, en Diario Judicial, reconstruyó que la entidad pidió “hacer cesar de modo efectivo e inmediato todos los focos de incendio” y adoptar medidas definitivas contra la quema indiscriminada de pastizales.
Según expusieron en la demanda, los incendios generan un “fenómeno de humo y hollín” que afecta el derecho a un ambiente sano y tiene consecuencias directas sobre la salud de la población.
El rol de las jurisdicciones y el conflicto federal
Cada administración provincial o municipal intentó desligarse de la responsabilidad.
El Estado Nacional sostuvo que su función se limita a establecer presupuestos mínimos ambientales. Entre Ríos afirmó que el problema se había tornado “abstracto” porque no había focos activos en ese momento. Santa Fe remarcó que, aunque el humo impacta en su territorio, la mayoría de las quemas ocurren fuera de su jurisdicción.
Buenos Aires, por su parte, defendió la legalidad de su accionar y presentó un plan técnico propio.
Rosario y Victoria también expresaron posiciones contrapuestas, sobre todo por la localización geográfica de las islas donde se originan los incendios. Victoria admitió que las islas pertenecen a su jurisdicción, pero señaló que el municipio carece de herramientas para controlar o extinguir incendios de gran magnitud.
La Corte: faltó coordinación y no había avances suficientes
Para el tribunal, el Delta es un humedal frágil que requiere medidas interjurisdiccionales permanentes y coordinadas. En ese sentido, remarcaron que el PIECAS-DP incluye a todos los actores del federalismo: Nación, provincias y municipios.
La Corte destacó que ya había intervenido en 2020 mediante una cautelar que ordenaba crear el Comité de Emergencia Ambiental (CEA). Ese comité debía controlar, prevenir y frenar incendios, pero los ministros señalaron que las medidas no fueron suficientes.
En palabras del fallo, la intervención judicial “permitió romper el statu quo”, pero el seguimiento continuo del plan excede el rol de la Corte. Ahora, la responsabilidad queda en manos de los poderes políticos.
La condena final
El fallo concluye con una orden clara:
Nación, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y Victoria deberán implementar y ejecutar el PIECAS-DP en su totalidad.
Esto implica:
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instalar sistemas de alerta temprana,
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desarrollar la red de Faros de Conservación,
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aplicar un Plan Sistemático de Control,
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implementar un Plan de Manejo del Fuego para todo el Delta.
La sentencia se dicta con costas para las jurisdicciones demandadas.
El desafío ahora es garantizar que el fallo no quede en papel y que el Delta —uno de los ecosistemas más importantes del país— reciba la protección que reclama desde hace años.
