El “show judicial” de Comodoro Py reabre esta semana una causa plagada de irregularidades, extorsiones y pruebas falsas. Un caso que nació del poder mediático y sirvió como herramienta de persecución política.
El guion de una causa armada
Esta semana vuelve al escenario judicial la llamada Causa Cuadernos, ese libreto diseñado en los pasillos de Comodoro Py que se convirtió en uno de los mayores escándalos institucionales de la historia reciente. Lo que se presentó como una investigación sobre corrupción terminó siendo un mecanismo de disciplinamiento político, apuntado directamente contra Cristina Fernández de Kirchner y el peronismo.
La causa se inició con algo insólito: unas simples fotocopias de cuadernos que el propio chofer Oscar Centeno dijo haber quemado en una parrilla. Sin embargo, los “originales” aparecieron mágicamente años después, con caligrafías diferentes, miles de tachaduras y correcciones. Un verdadero mamarracho jurídico.
El lawfare a la argentina
Durante la instrucción, el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli —puestos a dedo mediante maniobras de forum shopping— orquestaron una cacería mediática y judicial. Con la complicidad del diario La Nación, se montó una operación que mezcló extorsiones, arrepentimientos forzados y una narrativa digna de serie policial, aunque sin pruebas reales.
Los empresarios y exfuncionarios fueron presionados bajo amenaza de prisión preventiva para involucrar a Cristina Fernández de Kirchner en una supuesta “asociación ilícita”. Ninguno lo hizo. Nadie declaró haber recibido ni entregado dinero a la expresidenta. Aun así, la maquinaria judicial y mediática avanzó como si las pruebas existieran.
El peritaje que derrumbó el relato
Cuando finalmente aparecieron los cuadernos, los peritos oficiales y de la defensa coincidieron: no hay forma de determinar su antigüedad ni su autenticidad. Se detectaron distintas tintas, varias manos escritoras y diferencias en la velocidad de escritura. Todo indica que fueron dictados y reescritos con un objetivo político.
El peritaje fue tan concluyente que, en cualquier Estado de derecho sólido, la causa habría sido anulada de inmediato. Pero no en la Argentina del lawfare. Aquí, la justicia y los medios se abrazan cuando se trata de perseguir a quien desafíe los intereses del poder real.
El olvido selectivo y la coherencia del poder
Tan grotesco fue el armado que ni siquiera aparece mencionado Lázaro Báez, el empresario que —según la narrativa mediática— habría sido el mayor beneficiado de la obra pública kirchnerista. Lo ignoraron porque ya lo tenían preso, usado en otra causa. La lógica del guion no permitía repeticiones.
Las inconsistencias se multiplican: declaraciones absurdas, escenas inverosímiles, versiones que cambian con cada titular. Todo vale cuando el objetivo no es la verdad sino la condena mediática.
Una causa para disciplinar
La Causa Cuadernos no fue un error, fue un mensaje. Un intento de disciplinar a la dirigencia política, a los empresarios y a cualquier actor que se atreva a cuestionar al poder concentrado. Fue también un ensayo del lawfare en clave local: jueces, medios y servicios de inteligencia actuando como un solo bloque.
Hoy, cuando el “show judicial” intenta revivir, las pruebas siguen ausentes y las irregularidades se multiplican. Pero algo quedó claro: el verdadero delito no fue el que intentaron inventar, sino el que cometieron quienes usaron la Justicia para perseguir.
