El informe del CEPA revela una contracción del 16,8% en la dotación del sector público nacional, con más de 57 mil despidos. El Correo Argentino, Aerolíneas y el CONICET entre los más afectados.
Desde diciembre de 2023, la gestión de Javier Milei impulsa un ajuste que transformó profundamente la estructura del Estado nacional. Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la reducción del empleo público 2025 alcanza un total de 57.621 puestos eliminados, equivalente a una contracción del 16,8 % en la dotación del sector público nacional.
Lejos de representar una “modernización”, el CEPA define este proceso como un repliegue sistemático del Estado, que limita su capacidad operativa en áreas esenciales como ciencia, conectividad, infraestructura, cultura y comunicación.
Empresas públicas bajo presión
El impacto más visible se registra en las empresas y sociedades del Estado, con una pérdida de 19.460 empleos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. El Correo Argentino lidera la lista con 5.063 despidos, seguido por la Operadora Ferroviaria S.E. (3.116), el Banco Nación (1.968), Aerolíneas Argentinas (1.782) y AySA (1.647).
El CEPA advierte que estas desvinculaciones no son hechos aislados, sino parte de una política deliberada de reducción de la presencia estatal en sectores estratégicos. En el caso del Correo, el ajuste compromete funciones logísticas y de conectividad que garantizan servicios esenciales en todo el territorio nacional, especialmente en regiones donde los operadores privados no llegan.
Ciencia, cultura y comunicación en retroceso
El recorte también alcanza áreas vinculadas al conocimiento y la soberanía informativa. El CONICET perdió más de 1.700 puestos, mientras que la ex agencia Télam fue prácticamente desmantelada, con un 79,1 % del personal despedido.
El informe destaca que este desmantelamiento implica mucho más que un recorte presupuestario: “Es una decisión política orientada a desarticular la capacidad del Estado de comunicar con una perspectiva federal y plural”. La pérdida de medios públicos con anclaje nacional, agrega el CEPA, acentúa la concentración mediática y debilita la representación de las regiones fuera del AMBA.
Impacto en la ciencia y la tecnología
El ajuste también golpeó áreas estratégicas como el Polo Tecnológico Constituyentes, dependiente de la CNEA, donde se redujo el 40 % del personal. La Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) recortó un 34,5 % de su planta, mientras que ENARSA Patagonia sufrió un achique drástico que compromete la planificación energética del sur argentino.
“Se trata de una desinversión que erosiona la capacidad del Estado para impulsar el desarrollo con valor agregado nacional”, señala el informe.
Retroceso en el sistema financiero estatal
El ajuste también se siente en los organismos financieros públicos. Casa de la Moneda redujo su personal en un 42 %, Nación Seguros en 37 % y el BICE (Banco de Inversión y Comercio Exterior) en 32,2 %. Estas reducciones afectan la capacidad estatal para ofrecer servicios financieros accesibles y sostener políticas anticíclicas en contextos de crisis.
Un repliegue del Estado y sus consecuencias
El CEPA concluye que la reducción del empleo público 2025 constituye “la contracción más profunda desde los años 90”, no solo por su magnitud numérica, sino por su impacto estructural. El vaciamiento del Estado en áreas productivas, científicas y culturales redefine su papel en la economía nacional y deja al mercado como único árbitro de la vida social y económica.
Desde una perspectiva federal, el informe advierte que las provincias del interior son las más afectadas, ya que dependen en mayor medida de las redes estatales de transporte, comunicación y ciencia pública.
“Más que un rediseño administrativo, este ajuste expresa una concepción ideológica que concibe al Estado como un obstáculo, no como herramienta de integración y desarrollo”, concluye el documento.
