El Senado de la Nación aprobó la ley que establece una redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, rechazando el veto de Milei.
En una jornada cargada de debates políticos y acuerdos entre bloques, el Senado de la Nación aprobó una serie de iniciativas claves para el futuro del federalismo en Argentina. Entre ellas, la ley que establece una redistribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias. El rechazo al veto presidencial de Javier Milei fue rotundo, con 59 votos a favor, 9 en contra y 3 abstenciones.
La ley, que había sido vetada en su totalidad por el presidente, fue finalmente habilitada para su tratamiento tras obtener los dos tercios de los votos de los senadores presentes. De esta manera, las provincias obtendrán una distribución más equitativa de los recursos, eliminando la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en su asignación.
Rechazo al veto de Milei y apoyo al federalismo
Durante el debate, el senador Daniel Bensusan (Frente Nacional y Popular) defendió la ley señalando que las provincias no piden «ningún privilegio», sino que simplemente «quieren recibir lo que les corresponde». Aseguró que la norma no afecta el equilibrio fiscal del país, sino que permite que los recursos sean destinados a donde más se necesitan. Bensusan también aclaró que la ley no modifica la Ley de Coparticipación Federal, sino que se incorpora un artículo a la Ley Permanente de Presupuesto.
La senadora Alejandra Vigo (Unidad Federal) resaltó que la ley fue una propuesta de los gobernadores de todas las provincias, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. «Argentina es un gobierno federal, y esta ley pone en evidencia la situación que atraviesa el país, buscando evitar la discrecionalidad en el manejo de los recursos», explicó Vigo, quien reiteró la importancia de fortalecer el federalismo.
Por su parte, el senador Eduardo Vischi (UCR) rechazó el veto presidencial y lo vinculó con un proceso de concentración de poder en la figura presidencial, afirmando que esto va en contra del verdadero espíritu federal del país.
Otras reformas clave: Ley Nicolás y cambios en el Código Penal
El Senado también aprobó la iniciativa conocida como «Ley Nicolás», que busca mejorar la calidad y seguridad del paciente en el ámbito sanitario. Inspirada en el caso de Nicolás Deanna, un joven fallecido en 2017 tras un diagnóstico erróneo, esta ley establece la protocolización de procesos médicos, la incorporación de tecnología y la jerarquización del personal de salud.
La senadora Lucia Corpacci (Frente Nacional y Popular) destacó que la ley permitirá identificar y corregir las fallas humanas que derivan de diagnósticos erróneos, sin que esto implique una denuncia. «Es importante registrar estos errores para poder modificarlos y evitar que se repitan», explicó.
Además, se aprobó la modificación de la Ley 26.279, que incorporará la Atrofia Muscular Espinal (AME) al régimen de detección y tratamiento de patologías en recién nacidos. Esta reforma permitirá una detección precoz de la enfermedad, lo que contribuirá a salvar vidas y mejorar la calidad de vida de los niños afectados.
Finalmente, el Senado dio media sanción a la reforma del Código Penal en materia de siniestros viales, que propone endurecer las penas en casos de agravantes como el consumo de alcohol o drogas, exceso de velocidad o fuga del lugar del hecho.
El futuro de la ley ATN y la política nacional
El rechazo al veto presidencial y la aprobación de estas reformas marcan un giro en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente en lo que respecta a la redistribución de recursos. Las provincias ven en esta ley un avance hacia un sistema más justo y transparente, que se aleja de las prácticas discrecionales que históricamente han afectado la equidad en el reparto de fondos.
A partir de ahora, el desafío se traslada a Diputados, donde la oposición deberá reunir los dos tercios de los votos para garantizar la promulgación definitiva de la ley. En el futuro cercano, la implementación de estas reformas será clave para evaluar su impacto en el desarrollo económico y social del país.
