La Cámara de Diputados de la Nación dio sanción definitiva este 8 de abril de 2026 al proyecto de ley que modifica la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones.
La sesión especial expuso la fractura entre quienes defienden la «seguridad jurídica» para inversiones mineras y quienes advierten sobre un retroceso irreversible en la protección del patrimonio hídrico nacional. Pese a que el oficialismo y sectores aliados destacaron el carácter «federal» de la reforma, la oposición subrayó que el texto debilita los controles científicos independientes.
Máximo Kirchner: «No hay una justificación económica»
El diputado de Unión por la Patria, Máximo Kirchner, cuestionó el argumento oficialista que vincula la protección ambiental con el estancamiento económico. «Esta reforma viene como un complemento de lo que fue el RIGI y la Ley Bases«, afirmó Kirchner, señalando que el crecimiento del sector minero y del litio en la última década se dio bajo la vigencia de la ley actual.
«Es un falso antagonismo infantil decir que quien se opone a esta modificación está en contra de la producción. Los números demuestran lo contrario: entre 2015 y 2025 la explotación creció», sostuvo el legislador. Kirchner también alertó sobre el impacto en la soberanía territorial: «Esta ley de glaciares es el primer pasito de lo que viene después con la Ley de Tierras, buscando eliminar restricciones a la propiedad extranjera en zonas con cuerpos de agua estratégicos«. Finalmente, subrayó que los márgenes de ganancia de las mineras son altísimos debido al valor internacional del oro y la plata, lo que relativiza la necesidad de ceder estándares ambientales para atraer capitales.
Karen Tepp: Del rigor científico al «funcionario puesto a dedo»
Por su parte, la diputada Karen Tepp (Santa Fe) centró su intervención en el desmantelamiento del control técnico. Explicó que la ley vigente protege apenas el 1% de la zona cordillerana, donde se encuentran las reservas de agua dulce más importantes del mundo, mientras que en el 99% restante ya se permite la actividad minera.
«¿Hasta dónde llega la voracidad?», se preguntó Tepp, criticando que la objetividad del IANIGLA sea reemplazada por una «autoridad competente» definida por cada gobernador. Según la legisladora, la nueva normativa permitirá que «un funcionario de segunda o tercera línea pueda determinar con su firma dónde se hace megaminería«, basándose en estudios ambientales financiados por las mismas empresas interesadas. «Se va a trabajar a demanda de las megaminerías. Es una ley absolutamente regresiva«, sentenció.
Pablo Juliano: Advertencia por inconstitucionalidad
El diputado Pablo Juliano, del interbloque Provincias Unidas, puso el foco en el marco jurídico internacional y nacional. Juliano denunció que el tratamiento de la ley estuvo «viciado» y que las audiencias públicas, donde intentaron participar más de 100.000 personas, fueron «un intento que no cumplió con el Acuerdo de Escazú«.
Juliano recordó que la Corte Suprema ya dictaminó que el Congreso está obligado a dictar normas de presupuestos mínimos que las provincias pueden ampliar, pero nunca reducir. «Esta aprobación nace inconstitucional. Pone al país en franco incumplimiento con acuerdos internacionales, como el de la Unión Europea y el Mercosur, firmado apenas hace un mes, que prohíbe debilitar los niveles de protección medioambiental para fomentar el comercio», explicó. Para el legislador, el argumento de la urgencia económica es falso, citando que las exportaciones mineras crecieron sostenidamente bajo la ley de 2010.
La sanción de esta reforma abre ahora un escenario de judicialización, mientras las organizaciones territoriales advierten que la protección del agua ha quedado subordinada a la discrecionalidad política de los gobiernos provinciales.
