La distribución de medicamentos contaminados no es un hecho aislado ni exclusivo de Argentina. Más de 1.300 muertes han sido atribuidas en los últimos años a productos farmacéuticos adulterados en países de bajos y medianos ingresos, donde la falta de controles eficaces expone a millones de personas. La OMS advierte que se trata de una crisis global silenciosa, con consecuencias devastadoras.
La reciente alarma en Argentina por medicamentos contaminados distribuidos a la población no es un hecho aislado. Se inscribe en una crisis sanitaria global que ha cobrado fuerza en los últimos años y que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta principalmente a países de ingresos bajos y medios, donde la debilidad institucional, la falta de controles de calidad y la presión por reducir costos crean el terreno propicio para tragedias evitables.
En julio de este año, la OMS y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicaron un informe contundente: desde 2022 se han registrado al menos 25 incidentes globales de medicamentos contaminados, con más de 1.300 muertes documentadas, en su mayoría niños. La causa común: la presencia de sustancias industriales tóxicas —como dietilenglicol (DEG) o etilenglicol (EG)— en productos farmacéuticos básicos, especialmente jarabes pediátricos y soluciones intravenosas.
UN PATRÓN QUE SE REPITE
Los países más afectados hasta ahora incluyen a Gambia, Indonesia, Uzbekistán, Nepal, Maldivas, Belice, Laos y Pakistán. En todos los casos, los medicamentos contaminados fueron distribuidos por canales oficiales, con registro sanitario vigente, y sin controles propios por parte de los Estados receptores. En el caso de Gambia, por ejemplo, 66 niños murieron en 2022 tras consumir jarabes fabricados en India con excipientes contaminados.
Estos episodios evidencian un patrón estructural: los países con sistemas regulatorios débiles, alta dependencia de importaciones baratas y escasa infraestructura de análisis son los más vulnerables al ingreso de medicamentos adulterados o de mala calidad.
Argentina, con una industria farmacéutica nacional consolidada pero también con fallas de trazabilidad y fiscalización, comienza a mostrar signos de pertenecer a ese grupo de riesgo si no se refuerzan los controles y la capacidad institucional.
LA OTRA PANDEMIA: IMPUNIDAD Y SUBREGULACIÓN
Uno de los hallazgos más preocupantes del informe de la OMS es que en la mayoría de los países afectados no hubo responsables penales, ni sanciones económicas significativas, y en muchos casos, los laboratorios señalados siguieron operando. La fragilidad de las leyes sanitarias y la falta de mecanismos de cooperación internacional eficaces han permitido que los mismos actores reaparezcan en nuevos mercados, incluso después de haber estado implicados en muertes masivas.
En Argentina, los antecedentes de medicamentos defectuosos no son nuevos, pero el caso reciente —aún en investigación— reaviva la necesidad de actuar con rapidez y firmeza. El país cuenta con organismos técnicos capaces, pero la burocracia, la falta de presupuesto y los vacíos legales en la cadena de fiscalización abren grietas por donde puede colarse lo peor.
¿QUÉ HACER?
El informe de la OMS propone una agenda clara:
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Exigir pruebas de calidad independientes en cada lote importado, más allá de los certificados del proveedor.
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Trazabilidad digital obligatoria desde la fabricación hasta el consumidor final.
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Fortalecer las agencias regulatorias con autonomía técnica y poder sancionatorio real.
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Crear mecanismos regionales de control y alerta temprana entre países de América Latina y el Caribe.
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Tipificar penalmente los delitos de fraude sanitario con consecuencias proporcionales al daño potencial.
Argentina tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de ser un país que marque diferencia. No sólo por su capacidad técnica, sino por el precedente que puede sentar en la región. En un mundo donde la salud pública ya no puede considerarse un tema exclusivamente nacional, la seguridad farmacéutica se convierte en un asunto de soberanía, justicia y prevención de catástrofes evitables.
