El Gobierno nacional habilitó el proceso licitatorio para privatizar la gestión y el mantenimiento de 276 kilómetros de las rutas nacionales 18 y 12. La medida, celebrada por la administración provincial, busca destrabar la finalización de la Autovía 18, un proyecto que arrastra tres lustros de incumplimientos y abandono estatal.
El Poder Ejecutivo Nacional formalizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para otorgar la concesión de una red de corredores viales que atraviesan el territorio entrerriano. La iniciativa se integra en la denominada Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un plan que abarca más de 3.900 kilómetros de rutas en todo el país, con el objetivo de transferir la responsabilidad de la inversión y el mantenimiento al sector privado.
En Entre Ríos, el pliego contempla específicamente el «Tramo Mesopotámico», que suma 276,11 kilómetros de extensión. El gobernador Rogelio Frigerio calificó la medida como una «excelente noticia» y destacó que esta licitación es fruto de gestiones conjuntas con la administración central para reactivar obras viales críticas que permanecían detenidas.
Deuda histórica y el foco en la Autovía 18
El anuncio tiene como eje central la Autovía 18, un proyecto que el propio mandatario provincial reconoció como una «deuda histórica», iniciada hace 15 años y nunca finalizada. Según la información difundida por el Gobierno de Entre Ríos en su portal oficial, se intervendrán 226,72 kilómetros de esta arteria, desde el empalme con la ruta 12 en Paraná hasta la conexión con la autovía 14 en Puerto Yeruá.
Por otro lado, la licitación incluye 49,39 kilómetros de la ruta nacional 12, conectando la localidad de Crespo con la capital provincial. Esta franja es vital para el flujo de transporte de cargas y el sector agroindustrial, áreas que hoy padecen el deterioro de la calzada y la falta de señalización adecuada por la carencia de inversiones sostenidas durante la última década.
Implicancias de un modelo de gestión delegada
Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, a cargo de Hernán Jacob, subrayaron que la incorporación de capital privado es la vía para garantizar la «competitividad y seguridad vial» en corredores de uso constante por el turismo y la producción. No obstante, el regreso del esquema de concesiones plantea interrogantes sobre el costo que deberán afrontar los usuarios mediante el sistema de peajes y la capacidad de control del Estado sobre las empresas adjudicatarias.
La decisión política de concesionar estas rutas marca un quiebre respecto a los intentos fallidos de gestión estatal directa que, durante 15 años, no lograron completar la infraestructura básica de la ruta 18. Para la gestión de Frigerio, el avance representa un alivio fiscal y un paso hacia el «desarrollo productivo», aunque la resolución definitiva del conflicto vial dependerá ahora de la eficacia de los oferentes en una licitación que recién comienza su curso legal.
