En vísperas de una sesión clave en la Cámara de Diputados, la legisladora nacional Lucía Cámpora analizó la avanzada del oficialismo sobre la normativa de protección de glaciares. En diálogo con Cynthia García para Somos Radio AM 530, la diputada criticó el proceso legislativo, señalando que «una ley que debería haber tenido una audiencia pública cuando se trataba en el Senado y no la tuvo» representa un vicio institucional grave en el marco del Acuerdo de Escazú. Según Cámpora, el oficialismo limitó la participación ciudadana y de provincias no alineadas, configurando un escenario de opacidad deliberada en el tratamiento de recursos naturales estratégicos.
El agua como activo en disputa
La discusión de fondo trasciende los límites geográficos de las altas cumbres. Aunque el área protegida representa apenas el 0,3% de la superficie nacional, de ella depende el suministro de agua para el 70% de la población argentina. Cámpora advirtió sobre la vulnerabilidad a la que se expone al país frente a las corporaciones mineras, señalando que la estrategia oficial busca que «vengan las grandes corporaciones mineras a discutir en vez de con un país con cada provincia por separado», lo que genera una competencia a la baja en estándares ambientales entre jurisdicciones.
La «triple flexibilización» del organismo internacional
Desde una perspectiva macroeconómica, la reforma no se presenta como un hecho aislado sino como un requisito de ajuste externo. Para la diputada de Unión por la Patria, estas modificaciones forman parte de un plan integral de desregulación: «Es la triple flexibilización que pide el FMI… la flexibilización ambiental, impositiva y laboral». En este sentido, vinculó el tratamiento de la ley con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las propuestas de derogación de la Ley de Tierras y la Ley de Manejo del Fuego, configurando un esquema que Cámpora define como un «modelo de saqueo colonial».
Riesgos territoriales e irreversibilidad
A diferencia de otras variables económicas, el daño sobre los ecosistemas de alta montaña no admite procesos de recuperación a corto plazo. La legisladora enfatizó la gravedad de permitir actividades extractivas en zonas periglaciales, nacientes de las principales cuencas hídricas nacionales, al sostener que «donde se genere un impacto… es irreversible», tanto en la destrucción de las masas de hielo como en la contaminación química de los ríos. Esta situación afectaría no solo el consumo humano sino también la producción agropecuaria en provincias que dependen de esos caudales.
Un modelo de estado en retroceso
Finalmente, Cámpora subrayó que el corrimiento del Estado en el control de los bienes naturales comunes deja vacíos que son ocupados por intereses extranjeros. Citando el marco de conducción política de Cristina Fernández de Kirchner, la diputada cuestionó la fragmentación del bloque federal y el rol de ciertos mandatarios provinciales: «No hay proyecto local sin proyecto nacional», afirmó, aludiendo a la necesidad de una regulación estatal que aliente la producción sin sacrificar la sostenibilidad ni la soberanía sobre el territorio.
