El límite judicial frente al avance sobre los derechos sociales
La reciente decisión del juez Raúl Ojeda de avalar una medida cautelar presentada por la CGT marca un primer escollo legal para la ambiciosa reforma laboral del Ejecutivo nacional. En una entrevista concedida al programa La Tarde con Carlos Polimeni por AM 530, el titular de SECAFPI, Carlos Ortega, valoró el alcance de la medida que suspende la aplicación de 82 artículos, aunque advirtió que la resolución «es una medida que hasta que se defina la cuestión de fondo deja en suspenso la aplicación de la ley».
Para el dirigente gremial, el optimismo por el avance en los tribunales debe ser moderado por una lectura política de la correlación de fuerzas actual. Ortega enfatizó que la estrategia no puede agotarse en los expedientes, señalando que «si esto no viene atrás con un plan de acción, un plan de lucha, me parece que va a tener patas cortas». Esta perspectiva crítica subraya la vulnerabilidad de los fallos de primera instancia una vez que las causas escalan hacia la Corte Suprema de Justicia, cuya composición y antecedentes generan recelo en el arco sindical.
El Fondo de Asistencia Laboral y el desfinanciamiento del sistema
Uno de los puntos de mayor fricción en la «modernización» propuesta es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que busca reemplazar las indemnizaciones tradicionales. Según explicó Ortega en la fuente citada, el sustento jurídico del fallo radica en que estas modificaciones alteran el orden constitucional de protección al trabajador, ya que «los derechos sociales son progresivos y toda esta regresión está en contra de la Constitución». El juez Ojeda parece haber atendido el argumento de que una ley no puede desandar conquistas históricas sin vulnerar principios básicos del derecho argentino.
La preocupación del titular de los trabajadores de ANSES va más allá de la estabilidad del empleo y se extiende a la sostenibilidad de todo el sistema de seguridad social. Ortega vinculó el nuevo esquema de despidos con el vaciamiento de otras cajas previsionales, denunciando que bajo esta modalidad el trabajador «se financia su propio despido y se desfinancia el Fondo de Garantía de Sustentabilidad». Esta maniobra es vista como una reedición de las políticas de desmantelamiento estatal de la década de los 90, donde el Estado adoptaba un rol residual frente a las necesidades ciudadanas.
El rol de Cristina Kirchner y la defensa democrática
En el plano político, Carlos Ortega, titular de SECAFPI, fue contundente respecto a la reorganización del campo nacional y popular durante su entrevista con Carlos Polimeni en AM 530. El dirigente gremial sostuvo que la centralidad de la exmandataria es innegociable para el sector, asegurando que «pelear por Cristina Libre es pelear por mayor democracia y fundamentalmente por la no proscripción; ella representa a millones de ciudadanos». Esta postura marca una distancia nítida de aquellos sectores que han planteado diálogos o alianzas con figuras del oficialismo, priorizando en cambio la coherencia de un proyecto que evite repetir errores de gestión previos.
Para Ortega, la unidad no debe ser un simple «amotonamiento» electoral, sino que debe cimentarse sobre un programa claro de gobierno. Al respecto, el dirigente fue crítico con las experiencias recientes al señalar que «después agarramos el gobierno y hacemos Alberto Fernandismo y eso a mí no me interesa para nada». En su análisis, el movimiento obrero debe recuperar su capacidad de movilización y debate ideológico para no quedar reducido a un actor corporativo en medio de la fragmentación política actual.
Movilización política y la construcción de un frente opositor
En el plano político, el análisis de Ortega apunta a la necesidad de reconfigurar el peronismo bajo un «estado movilizacionista» que trascienda los acuerdos de cúpula. El dirigente llamó a evitar los errores de gestión del pasado reciente, manifestando que «después agarramos el gobierno y hacemos Alberto Fernandismo y eso a mí no me interesa para nada». La propuesta central gira en torno a un plan de acción concreto que incluya a todos los sectores vulnerados por el modelo económico de La Libertad Avanza.
Finalmente, el entrevistado cuestionó la veracidad de los datos oficiales sobre la situación social, contrastando las estadísticas del INDEC con la realidad de los centros de consumo popular. Ortega fue contundente al describir la caída del poder adquisitivo y el aumento de la marginalidad, concluyendo que «estamos viviendo una etapa de porquería, de una perversión y una asimetría cada vez más cruel». El desafío para el movimiento obrero organizado será, entonces, convertir ese descontento en una alternativa política viable de cara a los próximos turnos electorales.
