La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó este viernes un fallo que desestima la condena de primera instancia contra la República Argentina por la expropiación de la mayoría accionaria de YPF. La decisión, tomada con un voto de 2 a 1, anula la sentencia de la jueza Loretta Preska que, sumando intereses, ya ascendía a los 18.000 millones de dólares.
Los magistrados Denny Chin y Beth Robinson argumentaron que el tribunal de distrito realizó una interpretación errónea de la ley argentina. Según el fallo, los estatutos de YPF —que exigían una oferta pública de adquisición (OPA) para todos los accionistas en caso de cambio de control— no constituyen un contrato bilateral exigible frente a un Estado que ejerce su potestad soberana de expropiación.
El peso de la ley pública sobre el contrato privado
El eje de la controversia, analizado originalmente por José Giménez para Chequeado, radicaba en si la Argentina debió haber compensado a los socios minoritarios tras desplazar a Repsol. Sin embargo, la Cámara determinó que bajo el derecho civil argentino, el estatuto de una sociedad anónima cumple un rol organizativo interno y no genera obligaciones contractuales automáticas para el Estado en un proceso de utilidad pública.
Este criterio judicial otorga un blindaje jurídico a la soberanía nacional frente a las reglas del mercado financiero de Wall Street. El fallo subraya que las acciones de los demandantes «carecen de mérito» bajo la legislación argentina, la cual prohíbe explícitamente que terceros interfieran en procesos expropiatorios mediante reclamos de daños contractuales.
Burford Capital: El desplome de la apuesta especulativa
El principal afectado por esta resolución es el fondo Burford Capital, una firma dedicada al financiamiento de litigios que adquirió los derechos de juicio de las empresas quebradas del Grupo Petersen por apenas 15 millones de euros. Tras conocerse la noticia, las acciones de Burford sufrieron un desplome histórico cercano al 50% en las bolsas de Nueva York y Londres.
La empresa, a menudo caracterizada como un «fondo buitre» por su estrategia de compra de activos litigiosos, calificó la decisión como una «extraordinaria abdicación» de los derechos de los inversores. En un comunicado oficial, Burford anunció que evaluará solicitar una revisión en banc (por el pleno de la Cámara) o acudir directamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Implicancias políticas y el factor diplomático
El gobierno de Javier Milei celebró el fallo como una «victoria histórica«, distanciándose de la gestión de 2012 liderada por Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, a quienes responsabiliza por haber originado el litigio. Por su parte, sectores de la oposición también reivindicaron el resultado como una validación de la defensa del patrimonio estatal.
Analistas internacionales, como Abdul Rahman de The Economy, señalan que el alineamiento diplomático reciente entre Argentina y los Estados Unidos, sumado a la intervención del Departamento de Justicia como amicus curiae, pudo haber generado un marco de mayor receptividad para los argumentos argentinos sobre inmunidad soberana.
Escenario abierto: ¿Hacia dónde va el conflicto?
Pese al alivio financiero inmediato, el conflicto no ha terminado de forma definitiva. Además de las posibles apelaciones en los tribunales estadounidenses, Burford ha sugerido que podría iniciar arbitrajes internacionales ante el CIADI.
Por el momento, la resolución despeja el horizonte para YPF, que continúa siendo el actor central en el desarrollo estratégico de Vaca Muerta. Para una provincia petrolera y federal como Entre Ríos, y para el país en su conjunto, la anulación de esta deuda representa la eliminación de un «riesgo existencial» que amenazaba la estabilidad macroeconómica.
