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Espionaje ilegal: Confirman el hallazgo de 105 mil escuchas durante la gestión de Macri

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, presentó un escrito ante la Justicia, en el que detalló con precisión la estructura ilícita montada para interceptar llamadas telefónicas.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, entregó este miércoles un escrito al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi en el que confirmó que, a comienzos del proceso de la intervención dispuesta por el presidente Alberto Fernández en diciembre de 2019, se halló un sistema informático denominado “SIDEA” que recibía a través un enlace digital, punto a punto interceptaciones telefónicas realizadas por la DAJUDECO -dependiente de la Corte Suprema)-.

Según se informó, el sistema ya había sido informado a la justicia federal de Lomas de Zamora, pero nunca fue requerido ni analizado. Si bien a primera vista las interceptaciones podrían haber sido ordenadas por los jueces, el volumen da cuenta de que no se destruían una vez entregadas a la Justicia y se almacenaban conversaciones que en muchos casos no eran de interés para las investigaciones.

Cabe recordar que en 2015, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner impulsó una reforma de la Ley de Inteligencia Nacional, mediante la cual se le quitaron a la AFI las escuchas telefónicas y se transfirió esa capacidad al Ministerio Público Fiscal. Apenas asumió, el expresidente Mauricio Macri entregó por decreto a la Corte Suprema esa potestad, donde continúa.

No obstante, la AFI puso en funcionamiento el “Sistema de Administración” (SIDEA), donde se encuentran almacenados alrededor de 105.000 registros (tanto los audios, como las transcripciones). Una pequeña cantidad del volumen total de información coincide con las transcripciones de conversaciones entre detenidos y sus defensores, interceptadas de un pabellón del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

La metodología fue denunciada incluso ante el relator de Naciones Unidas para la independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán: como parte de la investigación judicial contra Mario Segovia por narcotráfico y a pedido de la AFI, se interceptaron los teléfonos de un pabellón de Ezeiza.

De esta manera, se grabaron las conversaciones de otros detenidos, por ejemplo con sus defensores, que nada tenían que ver con el objeto de esa causa. Y nunca se destruyeron. Esas transcripciones luego fueron publicadas en medios de comunicación con el objeto de “suavizar” el escándalo generado por el caso de Marcelo D’Alessio.

En su presentación, Caamaño señaló que la gestión macrista lo dejó expuesto en el “Protocolo para la tramitación de interceptación de telecomunicaciones” aprobado por el propio Gustavo Arribas, en el que se detalla el circuito para el pedido de interceptaciones. Hasta el 5 de marzo de 2020 (cuando el presidente Alberto Fernández le quitó a la AFI la posibilidad de actuar como auxiliar de la justicia a través del decreto 214/2020), la AFI podía colaborar en investigaciones criminales.

Sin embargo, esa excepción establecía que la Agencia Federal de Inteligencia podía solamente asistir al juez competente. En los hechos, la AFI de Gustavo Arribas había logrado prácticamente que le deleguen la investigación.

Según el Protocolo, las áreas internas de la AFI le solicitaban las escuchas a Asuntos Jurídicos. El requerimiento ante el juez debía ser firmado por el director general (Gustavo Arribas), la subdirectora general (Silvia Majdalani) o funcionarios de Asuntos Jurídicos, que era quien realizaba el trámite ante el juez. Luego, era la propia AFI quien enviaba a la DAJUDECO (dependiente de la Corte Suprema) el oficio para ejecutar las interceptaciones, que luego llegaba en menos de 24 horas a la AFI para desgrabarlas y analizarlas.

“A través del entonces Servicio Jurídico de la AGENCIA se requerían intervenciones telefónicas ante los magistrados a cargo de distintas investigaciones, luego, diligenciaban la autorización judicial pertinente ante la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO), para finalmente recibir el material a través de un sistema de contenido de audios y transcripciones que funcionaba en un servidor ubicado en el Organismo”, relató Caamaño, en el escrito presentado ante el juez.

Párrafo siguiente, sostuvo que “la agencia encabezaba la pesquisa ante la autoridad jurisdiccional, impulsaba la interceptación telefónica, trasladaba la orden judicial a la DAJUDECO, procedía a la transcripción, procesaba la información y, tanto el audio como la transcripción, se almacenaban, sin gestionar ante la autoridad pertinente el destino final del material almacenado a pesar de que en muchos casos podría no resultar de interés para las causas de referencia”.

“Puede verificarse que, en la práctica, las escuchas durante la gestión del expresidente Mauricio Macri, de la mano del Director General, Gustavo Arribas y la Subdirectora General, Silvia Majdalani, volvieron a la órbita de la Agencia Federal de Inteligencia en flagrante contradicción con lo dispuesto por la Ley N° 25.520 y su modificatoria, Ley N° 27.126”, alertó.

Y recordó que una vez que procedió la intervención, “eliminó el funcionamiento del sistema de conexión ‘punto a punto’, detuvo su colaboración como auxiliar de justicia (Decreto N° 214/20) y procedió a acometer las diversas tareas encomendadas”.

“Reitero la disposición de esta intervención a fin de que se evalúen las diligencias pertinentes con el objeto de entregar la totalidad el material que se ordenó resguardar para su tratamiento conforme derecho, ello toda vez que excede la competencia de este organismo determinar la pertinencia respecto de su almacenamiento y/o destino, estimándose indispensable la intervención jurisdiccional”, subrayó la interventora de la AFI.

Fuente: ANDigital

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