En una contundente demostración de fuerza política, el Senado de la Nación logró anular el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad, con un resultado abrumador de 63 votos a favor y solo 7 en contra. La decisión garantiza la continuidad de la norma, que pasará ahora al Ejecutivo para su promulgación definitiva.
La votación, que se produjo en un clima tenso en los alrededores del Congreso, reflejó la amplia oposición a la decisión presidencial y contó con el apoyo mayoritario de todos los bloques. Con la insistencia obtenida, la ley seguirá en vigencia y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que permitirá una actualización de las prestaciones, así como la asignación de recursos para talleres protegidos, centros de día y pensiones no contributivas.
La Ley y sus Beneficios
La Ley de Emergencia en Discapacidad tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, garantizando el acceso a recursos esenciales para su integración social. Entre los puntos clave de la normativa se encuentran la actualización de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad y el financiamiento de programas que incluyen talleres y centros de apoyo. Además, se incluye el aumento de las pensiones no contributivas, una medida crucial para muchas familias que dependen de este beneficio.
Rechazo al Veto Presidencial
El senador José Mayans (Frente Nacional y Popular) celebró la decisión del parlamento de anular el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, destacando que la medida representa una clara respuesta a las necesidades de un sector vulnerable de la sociedad. «Me alegra que el parlamento dé una respuesta de este tipo y le decimos a una parte importante de la sociedad argentina que no le vamos a permitir al Presidente que vulnere sus derechos constitucionales y que cumpla con la Ley que votamos acá», afirmó Mayans con firmeza, subrayando la importancia de la ley como una herramienta para la defensa de los derechos humanos.
Por su parte, la senadora Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana) reflexionó sobre los avances logrados en gestiones anteriores con la Ley 26.122, pero subrayó que «ahora nos toca modificarla» en respuesta a una realidad que ha cambiado y a lo que consideró una «degradación institucional inusitada» bajo la actual administración. Según la legisladora, este proceso de modificación es esencial para garantizar que el Congreso mantenga sus facultades y, al mismo tiempo, responda a las crecientes demandas sociales en materia de inclusión y derechos de las personas con discapacidad.
El Atraso en las Prestaciones
El legislador radical Maximiliano Abad expresó que las prestaciones en discapacidad están “desactualizadas en un 70% con relación a la inflación”. “Hay familias a la deriva, sin contención. Por eso voy a votar para sostener la ley”, señaló, subrayando la urgencia de ajustar los montos de las prestaciones a la realidad económica del país.
La senadora Natalia Gadano, del Frente de Todos, también se mostró crítica del veto y lo calificó como un atentado contra la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. “No se puede vetar la dignidad, no se puede vetar la inclusión”, afirmó con vehemencia. Además, se refirió a la decisión de priorizar el equilibrio fiscal por sobre las necesidades sociales, sentenciando: “No puede aceptarse un equilibrio fiscal que pesa más que la vida y las necesidades de la gente. Gobernar no es excluir”.
Celebración en las Calles
Mientras se desarrollaba la votación, los alrededores del Congreso se llenaron de personas con discapacidad, militantes y organizaciones sociales que celebraron la decisión del Senado. La anulación del veto fue vista como una victoria clave en la lucha por los derechos de este sector de la población, que desde hace años viene demandando mayores recursos y mejores condiciones de vida.
La normativa, que fue aprobada en 2014 bajo el nombre de Ley 27793, representa un avance significativo en la garantía de los derechos humanos de las personas con discapacidad, al asegurarles mayor autonomía e inclusión social. Con esta nueva etapa, la ley sigue vigente y se convierte en un punto de inflexión para la política pública en este ámbito.
Ahora, con el voto en firme del Senado, la pelota pasa al Ejecutivo, que deberá promulgar la ley para que continúe su implementación y logre cumplir con los objetivos para los próximos años.
La anulación del veto presidencial marca un hito importante en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y deja en claro que, a pesar de las diferencias políticas, hay consenso en temas fundamentales que afectan a la vida cotidiana de muchos argentinos.
