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El PJ bonaerense avanza hacia la unidad con definiciones clave en Merlo

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires celebró este sábado su Congreso ordinario en la ciudad de Merlo, donde se definieron aspectos centrales de su estrategia política de cara a las próximas elecciones. El encuentro, que reunió a congresales y dirigentes de todo el territorio bonaerense, estuvo marcado por gestos hacia la unidad y fuertes definiciones frente al escenario nacional.

Uno de los puntos centrales del Congreso fue la aprobación de una resolución que faculta al presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, junto a Mariel Fernández (intendenta de Moreno), Federico Otermín (intendente de Lomas de Zamora), la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro Gabriel Katopodis, a encabezar la conformación de un Frente Peronista amplio que represente a todos los sectores del partido.

Desde el espacio se valoró la decisión como un avance hacia la consolidación de una estrategia común y se destacó que la elección de los cuatro dirigentes busca garantizar la representación de las distintas expresiones internas del peronismo bonaerense.

Posicionamiento político frente al gobierno nacional

En un tono crítico hacia la gestión del presidente Javier Milei, el Congreso expresó su rechazo a lo que la presidenta del PJ Nacional calificó como un “terrorismo de Estado de baja intensidad”, una política que —según expresó— “busca garantizar la miseria planificada del pueblo argentino”.

En ese marco, el justicialismo bonaerense resolvió impulsar una campaña permanente bajo la consigna “Argentina con Cristina”, con el objetivo de exigir la libertad de la ex presidenta y actual referente opositora, cuya detención fue calificada como injusta y parte de una estrategia para impedirle competir en las urnas.

Rechazo a la persecución judicial

El Congreso también se pronunció sobre la situación de la dirigente peronista Eva Mieri, actualmente detenida en el penal de Ezeiza por decisión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Los congresales exigieron su inmediata liberación y denunciaron una persecución judicial y política contra militantes y dirigentes del peronismo.

La resolución final del Congreso incluyó un llamado a la militancia a redoblar esfuerzos en defensa de los derechos sociales y del modelo nacional y popular, en un contexto político y económico que calificaron como de “graves retrocesos para las mayorías”.

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