La gestión de Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete sumó un capítulo judicial crítico. El fiscal Gerardo Pollicita formalizó una imputación por enriquecimiento ilícito contra el funcionario, basándose en «severas discrepancias» detectadas en sus declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción.
El dato central que disparó las alarmas de la fiscalía es un crecimiento patrimonial del 500% registrado en un único período fiscal. Según las fuentes consultadas, la investigación busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por el funcionario —cuya carrera ascendió de panelista de televisión a jefe de Gabinete en apenas dos años— y sus bienes reales.
La casa del country y el «vuelo privado» a Punta del Este
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la presunta existencia de una vivienda no declarada en el country Indio Cuá Golf Club, en la provincia de Buenos Aires. Se estima que el valor de las propiedades en dicho predio oscila entre los 129.000 y 249.000 dólares, con costos de ingreso que alcanzarían los 5 millones de pesos, cifras que no figurarían en los registros oficiales del funcionario.
A esto se suma la investigación sobre quién financió un viaje de Adorni a Punta del Este en febrero pasado. El juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de la firma IMHOUSE S.A., vinculada al periodista Marcelo Grandío, ante la sospecha de que empresas privadas habrían costeado el traslado, cuyo valor total se estima en 42.000 dólares. La Justicia busca determinar si este beneficio configura el delito de dádivas.
Entramado de contratos: Tecnópolis y la TV Pública
La denuncia original, impulsada por la diputada Marcela Pagano, también señala irregularidades en la órbita de Tecnópolis y contrataciones de servicios de mensajería masiva por más de 3.650 millones de pesos.
La sospecha radica en una presunta «simulación de competencia» donde habrían participado empresas vinculadas entre sí. Además, se investiga un posible conflicto de intereses por la relación entre la consultora +Be, propiedad de la esposa de Adorni, Bettina Julieta Angeletti, y firmas preseleccionadas para la concesión del predio ferial, un negocio valuado en 183.300 millones de pesos.
Implicancias políticas: respaldo oficial y cambios de control
A pesar de la gravedad de las imputaciones, el presidente Javier Milei ha decidido mantener su respaldo público al jefe de Gabinete. No obstante, el escenario político se complejiza con la reciente designación de Gabriela Carmen Zangaro al frente de la Oficina Anticorrupción (OA). Zangaro, que cuenta con el aval del ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, será la encargada de supervisar la evolución patrimonial de los funcionarios, incluido Adorni, en un organismo que recientemente exculpó al presidente en otras causas de ética pública.
Este proceso judicial ocurre en un contexto de fuerte tensión social, donde el Gobierno ha sido intimado por la Justicia por incumplir leyes de emergencia en sectores sensibles como la discapacidad, bajo argumentos de restricciones fiscales que parecen contrastar con la evolución patrimonial investigada en la cúpula del poder.
