Comodoro Py dispuso una nueva restricción a Cristina Kirchner, reduciendo drásticamente las visitas que puede recibir en su domicilio. La medida se suma a una ofensiva que la propia expresidenta vinculó al aparato mediático-político-judicial alineado con el macrismo, el mileismo y con declaraciones recientes del embajador estadounidense Peter Lamelas.
Una nueva ofensiva judicial sobre la expresidenta
El aparato político-mediático-judicial volvió a avanzar sobre Cristina Fernández de Kirchner con una fuerte restricción a sus visitas, dispuesta por el Tribunal Oral Federal N.º 2. La decisión fija un límite de dos encuentros por semana, con un máximo de tres personas y solo durante dos horas.
La expresidenta no tenía límites en la cantidad de visitantes, más allá del trámite de autorización, una exigencia que no recae sobre otras personas con prisión domiciliaria. Cristina había señalado en redes sociales que la verdadera molestia del “bestiario mediático” no fue una foto reciente, sino su reunión con jóvenes economistas y el debate sobre un modelo nacional de crecimiento productivo y federal.
El encuentro con economistas como excusa
Cristina Kirchner recibió en San José 1111 a un grupo de nueve economistas, todos autorizados previamente por el juez de Ejecución Penal, Jorge Gorini. La reunión tenía como objetivo presentar propuestas de desarrollo económico para el país. Ninguna norma prohíbe que varias visitas autorizadas concurran juntas.
Apenas se publicó la foto, una serie de medios lanzó cuestionamientos sobre la cantidad de asistentes. Desde el martes por la noche comenzó una ofensiva que presionó para limitar las actividades políticas de la exmandataria. Este clima mediático derivó en la resolución firmada por Gorini, que ahora considera irregular que los visitantes hayan sido recibidos simultáneamente.
Un fallo que contradice las propias autorizaciones
El TOF 2 reconoció en su resolución que todos los economistas tenían autorización. Sin embargo, argumentó que el pedido no especificó que se trataría de un encuentro grupal y que eso convertía la reunión en “un acto sin la debida autorización”. La afirmación resulta contradictoria, ya que ninguna persona con prisión domiciliaria está obligada a detallar estas cuestiones, ni existen reglas que lo exijan.
El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, había cuestionado desde el inicio estas restricciones. Planteó que no existe criterio legal para autorizar o denegar visitas y que ningún detenido con domiciliaria debe cumplir estas condiciones. La Cámara de Casación rechazó el planteo, como ocurre con la mayoría de los recursos vinculados al peronismo y, en particular, a la expresidenta.
Antecedentes y un contexto político más amplio
Cristina recibió la prisión domiciliaria cuando se preparaba una movilización masiva hacia Comodoro Py para acompañarla en su entrega. La Corte Suprema intervino en aquel proceso con una velocidad sin precedentes, aunque nunca fijó limitaciones en la cantidad de visitantes. Solo exigió la autorización previa.
El máximo tribunal aún no respondió al recurso presentado hace cinco meses para establecer parámetros claros sobre la domiciliaria. En paralelo, el embajador estadounidense Peter Lamelas anticipó ante el Senado de su país que venía a la Argentina para asegurar que “Cristina Kirchner reciba la justicia que se merece”. La nueva restricción a Cristina Kirchner parece alineada con ese clima político y diplomático.
