Organizaciones de derechos humanos denunciaron graves violaciones durante el paro nacional encabezado por la Conaie entre septiembre y octubre de 2025. La abogada María Espinoza advirtió que el gobierno de Daniel Noboa respondió con militarización y discurso de odio, en lugar de diálogo.
El paro nacional en Ecuador, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), dejó al menos tres personas fallecidas y 473 heridas, según el más reciente informe de la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador. La medida de fuerza se extendió durante 31 días, del 22 de septiembre al 22 de octubre de 2025, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, que aumentó su precio de 1,80 a 2,80 dólares.
La abogada y defensora de derechos humanos María Espinoza cuestionó duramente la respuesta del Estado y afirmó que el gobierno “no entiende a la protesta como un derecho ciudadano, sino como una amenaza al sistema democrático”.
Represión y violaciones de derechos humanos
De acuerdo con Vivian Idrobo, integrante de la Alianza por los Derechos Humanos, las cifras oficiales subestiman la magnitud de la represión. “De más de 700 reportes que recibimos, validamos 391 casos de violaciones de derechos humanos. Entre ellos, 206 personas detenidas, 473 heridas —25 de gravedad— y dos fallecidas por violencia pública”, detalló durante una conferencia de prensa.
📄Informe de Verificación de Derechos Humanos durante el Paro Nacional de Ecuador 2025
📎Descarga el informe ⬇️https://t.co/k1GS8aw4Wx pic.twitter.com/VGuuqngJWi
— Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos (@DDHH_Alianza) November 12, 2025
La organización también documentó las muertes de Efraín Fuérez y José Guamán, en la provincia de Imbabura, y la de María Paqui, en Loja, quien falleció tras complicaciones derivadas de asfixia por gases lacrimógenos.
Mientras tanto, el Ministerio del Interior informó cifras menores: 142 detenidos, incluyendo diez ciudadanos extranjeros. La disparidad de datos alimenta las críticas de organismos internacionales y de la sociedad civil sobre la falta de transparencia estatal.
Protesta social y autoritarismo
Espinoza señaló que el conflicto no surgió de manera espontánea, sino como consecuencia del “debilitamiento de los espacios democráticos” y de una “concentración de poder en manos del Ejecutivo”. Según la abogada, la cooptación institucional y el avance del autoritarismo han reducido los márgenes de participación cívica.
“La respuesta gubernamental al derecho a la protesta fue militar, estigmatizante y de odio. Desde el primer día se optó por la represión y no por el diálogo”, remarcó.
La especialista recordó además que organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya habían advertido a Ecuador sobre el uso letal de la fuerza y la necesidad de garantizar la protesta pacífica, luego de los paros de 2019 y 2022.
Un conflicto que atraviesa al continente
El paro ecuatoriano se inscribe en una serie de movilizaciones sociales en América Latina contra políticas de ajuste y pérdida de derechos. Desde Argentina hasta Colombia, distintos movimientos sociales e indígenas han denunciado respuestas represivas y un retroceso en los estándares democráticos.
Desde una mirada regional, la crisis ecuatoriana refleja una tensión persistente entre las demandas populares y las respuestas autoritarias de los Estados, fenómeno que requiere abordajes integrales y políticas públicas centradas en los derechos humanos.
