En una medida que ha generado una ola de críticas y preocupación entre organizaciones sociales y de derechos humanos, el gobierno argentino encabezado por Javier Milei anunció este viernes la eliminación de 13 programas destinados a la prevención y atención de la violencia de género, una decisión que marca un profundo giro en las políticas públicas del país en esta materia.
Entre los programas desmantelados se encuentran algunos considerados fundamentales, como el Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas, que articulaba la prevención de femicidios y transfemicidios mediante el trabajo conjunto entre fuerzas de seguridad, el sistema judicial y los servicios de salud. También se eliminó el Programa Acercar Derechos, que brindaba atención legal, social y psicológica a mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia, y el Programa MenstruAR, que facilitaba el acceso gratuito a productos menstruales sostenibles en todo el territorio nacional.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la medida como parte de una estrategia de «simplificación del Estado» y un recorte que, según estimaciones oficiales, significará un ahorro de más de 6.000 millones de pesos anuales. Calificó los programas eliminados como “ideológicos” y ligados al “kirchnerismo”, sin proponer al momento ninguna política alternativa concreta para abordar la problemática.
La decisión se suma a la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en diciembre de 2023, y consolida un vaciamiento institucional de las políticas de género en el país. Desde el Ejecutivo se argumenta que se tratará la cuestión desde una “nueva perspectiva centrada en la familia y libre de imposiciones ideológicas”, aunque hasta el momento no se ha detallado cómo se implementará ese enfoque ni qué herramientas estarán disponibles para las personas en situación de violencia.
Preocupación por el impacto en mujeres y disidencias
Organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos rechazaron con firmeza la medida, advirtiendo sobre sus consecuencias directas para miles de personas que dependían de estos programas para recibir asistencia, protección y acceso a la justicia.
“Esto no es un ajuste, es un abandono. El Estado está retirándose de su obligación de cuidar a quienes más lo necesitan. Sin estos programas, las víctimas quedan completamente expuestas”, afirmó una vocera de la organización Ni Una Menos.
La preocupación crece aún más ante un panorama alarmante: en Argentina, una mujer es asesinada cada 35 horas por violencia de género, según cifras oficiales. Especialistas temen que la eliminación de estos programas provoque un aumento en los casos de violencia extrema, al reducir drásticamente las herramientas de prevención y asistencia disponibles.
Desde sectores de la oposición también se pronunciaron en contra de la medida, señalando que se trata de un grave retroceso en materia de derechos adquiridos y una invisibilización de las violencias por razones de género.
“Estamos ante una política de Estado que elige no mirar, no escuchar y no actuar frente a la violencia de género”, expresó una diputada del bloque Unión por la Patria.
Mientras tanto, desde el gobierno nacional no se han brindado detalles sobre cómo se garantizará la protección de las mujeres y disidencias en situación de riesgo. Las críticas continúan creciendo y se espera una nueva movilización nacional en los próximos días en repudio a esta medida.
El recorte no solo es presupuestario, sino también simbólico: se trata de una decisión que pone en jaque los avances conseguidos en las últimas décadas en materia de género en Argentina.
