En una ajustada votación, el Consejo de la Magistratura decidió archivar el proceso disciplinario contra los jueces involucrados en el escándalo de Lago Escondido, poniendo punto final a una de las causas que más había expuesto los vínculos entre magistrados, funcionarios y operadores del Grupo Clarín.
La resolución —aprobada por seis votos contra cuatro— desactivó cualquier posibilidad de sanción contra los jueces que participaron del polémico viaje a la estancia del empresario británico Joe Lewis en Bariloche. Entre los impulsores del archivo se destacaron los representantes del estamento judicial, con un respaldo clave del senador radical Eduardo Vischi.
La justificación esgrimida fue que la investigación penal había sido cerrada previamente por el juez federal Sebastián Ramos, quien alegó que la prueba principal —una serie de mensajes filtrados— violaba el derecho a la intimidad. Sin embargo, esa fundamentación fue duramente cuestionada por los consejeros representantes de Unión por la Patria.
“Este dictamen no convence a nadie. Técnicamente es malo. Toma todos los elementos del Dr. Ramos, cuando nosotros no estamos investigando si hubo dádivas, sino si los jueces tuvieron una conducta acorde a su función”, denunció el diputado Rodolfo Tailhade. “La conducta de estos magistrados sigue sin esclarecerse”, agregó.
LAGO ESCONDIDO: IMPUNIDAD GARANTIZADA PARA JUECES Y AMIGOS
Los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Alberto Mahiques y Pablo Gabriel Cayssials viajaron a Lago Escondido, estancia de Joe Lewis ¡todo pago! y patrocinado por el grupo Clarín.
¿A quién va a… pic.twitter.com/fUsTdMgWt8
— Vanesa Siley (@Vsiley) May 27, 2025
Por su parte, la consejera Vanesa Siley también rechazó el fallo y advirtió sobre el mensaje que deja la decisión: “¿A quién va a sancionar el Consejo de la Magistratura a partir de ahora, si ni siquiera considera investigar lo que pasó con estos cuatro jueces alquilados por el Poder?”
El escándalo de Lago Escondido, que estalló tras la filtración de chats entre jueces, empresarios de medios y funcionarios, había despertado múltiples denuncias por presunto tráfico de influencias, dádivas y articulación política-judicial. La causa, sin embargo, fue perdiendo fuerza en los tribunales, y ahora la corporación judicial selló su suerte en el órgano encargado de controlar la conducta de los magistrados.
La decisión representa un claro retroceso en los intentos por transparentar las relaciones entre el poder judicial y otros actores del poder real, y marca un nuevo capítulo en la crisis de legitimidad que atraviesa a la justicia argentina.
