Por AM750, Débora Juárez Orieta aseguró que la persecución en su contra comenzó en 2018, cuando pidió que el Gobierno provincial haga un informe de gestión. Denunció que sistemáticamente se persigue a los opositores como un parte de un plan de disciplinamiento.
En lo que representaría un nuevo episodio de lawfare en Jujuy, funcionarios opositores a Gerardo Morales denunciaron armado de causas y persecución política tras la expulsión y desafuero de la diputada del Frente de Todos Débora Juárez Orieta de la legislatura local.
La causa contra Juárez Orieta está basada en denuncias de militantes de la UCR por la que se la acusó de “amenazas y coacción”. Un dato curioso es que la suspensión tuvo lugar sin que los acusadores siquiera ratificaran las denuncias.
Consultada por AM750 sobre esta situación, la legisladora suspendida apuntó: “Fue el final de un derrotero de persecuciones y disciplinamiento de hace más de cuatro años”.
Luego, aclaró que su caso es “otro de los tantos”, “Se usa la justicia para disciplinar a quienes pensamos diferente o quienes pedimos rendición de cuentas en la función. Cuando hay mujer, hay denuncias por amenaza y coacción”, aclaró a la par que añadió que, para los hombres, las denuncias suelen ser por abusos.
Además, Orieta advirtió que quienes iniciaron la denuncia en su contra fueron empleados de un municipio controlado por Morales y que, al contrario de lo que aseveran, fue el Gobierno el que los amenazó con despedirlos para que iniciaran la causa.
“Hemos quedado pocas mujeres. Porque como decía una compañera de bloque, ser mujer y legisladora en Jujuy es un deporte de alto riesgo. Soy la segunda diputada echada de la Legislatura”, señaló.
Y finalizó: “Esta es una forma de decir que si seguís hablando te puede pasar cualquier cosa. En Jujuy nos puede pasar cualquier cosa”.
Fuente: Página/12
