La aparición de un borrador de acuerdo confidencial entre Javier Milei y el empresario Hayden Davis, recuperado de peritajes telefónicos, dinamita la defensa oficial de la «buena fe». El documento confirma un vínculo formal previo al lanzamiento del token que dejó miles de damnificados.
El escenario judicial del denominado Caso $LIBRA dio un giro drástico tras la filtración de pruebas materiales que el Ministerio Público Fiscal mantuvo bajo reserva durante meses. Peritajes informáticos realizados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) sobre el teléfono de Mauricio Novelli —nexo local del negocio— revelaron la existencia de un acuerdo confidencial entre el presidente Javier Milei y el empresario estadounidense Hayden Davis.
El archivo, un documento Word titulado “LOI_KELSIER.docx”, data del 30 de enero de 2025, dos semanas antes de que el mandatario promocionara el token en sus redes sociales. Según la investigación de la periodista y abogada Natalia Volosin publicada en La Justa y el DiarioAR, el texto establece un marco de «asesoramiento especializado en blockchain e inteligencia artificial» de Davis hacia el Presidente, bajo estrictas cláusulas de secreto.
El fin de la «buena fe»: un vínculo formalizado
Este hallazgo dinamita la estrategia de defensa de Milei, quien sostuvo haber obrado de «buena fe» y sin vinculación previa con los desarrolladores. Sin embargo, la cronología es elocuente: el mismo 30 de enero en que se fechó la carta de intención, Milei recibió a Davis en la Casa Rosada.
Los registros financieros de esa jornada muestran que Davis transfirió 3,9 millones de dólares que terminaron en cuentas vinculadas a los intermediarios Novelli y Manuel Terrones Godoy. Además, los peritos detectaron una factura por 250.000 dólares emitida por Pía Novelli (hermana de Mauricio) dirigida a Davis, lo que refuerza la hipótesis de un esquema de cobros por acceso directo al despacho presidencial
Implicancias políticas y el rol del fiscal
La revelación de estas pruebas puso bajo la lupa el accionar del fiscal Eduardo Taiano. Según fuentes de la querella citadas por Volosin, el fiscal posee el borrador del contrato desde el 17 de noviembre de 2025, pero habría evitado incorporarlo formalmente al expediente, en lo que califican como una maniobra de «cajoneo» para proteger a la cúpula oficial.
Desde una perspectiva política, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien presidió la comisión investigadora en el Congreso, señaló que la evidencia configura un esquema de tráfico de influencias. El informe final de dicha comisión ya había concluido que existió una «colaboración imprescindible» del Presidente para que el valor de $LIBRA se inflara artificialmente antes del colapso, una maniobra conocida como rug pull o estafa de salida.
El impacto social de una estafa global
El saldo del «Cryptogate» trasciende la anécdota digital: 44.000 personas fueron estafadas en todo el mundo. En Argentina, se confirmaron al menos 1.329 damnificados, aunque el análisis de billeteras digitales indica que casi el 80% de los usuarios que operaron con el token registraron pérdidas, estimadas en un mínimo de 87 millones de dólares.
Mientras la justicia argentina avanza a paso lento, el frente internacional se endurece. En Estados Unidos, el FBI y el Departamento de Justicia investigan si se violó la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), dado que Davis es ciudadano estadounidense y el esquema habría utilizado tecnología de ese país.
Lo que el Gobierno intenta presentar como un «problema entre privados» es, en realidad, un test crítico sobre los límites éticos del poder. La aparición de contratos firmados en las sombras de la Casa Rosada sugiere que la «libertad» promocionada en Twitter tenía, para unos pocos, un precio en dólares perfectamente documentado.
