La Corte de Apelaciones de EE.UU. suspendió la orden que obligaba a Argentina a entregar el 51 % de las acciones de YPF, asegurando que la petrolera estatal permanezca bajo control del Estado mientras avanza la apelación. La decisión representa un alivio clave para la defensa de un recurso estratégico frente a las presiones de privatización del gobierno de Milei.
La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió la orden que obligaba a la República Argentina a entregar el 51 % de las acciones de YPF, asegurando que la empresa siga bajo control mayoritario del Estado mientras avanza la apelación. La decisión representa un respiro clave para la petrolera estatal, considerado un activo estratégico vital para la economía y la soberanía energética del país.
La Procuración del Tesoro destacó que la medida “constituye un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, en un contexto donde el gobierno de Javier Milei ha manifestado su intención de privatizar la compañía, priorizando el beneficio de grupos inversores por sobre la seguridad energética y el desarrollo económico nacional.
YPF no es solo una empresa: es el corazón del control estatal sobre la producción de hidrocarburos, la inversión en exploración y la garantía de políticas de precios y subsidios que impactan directamente en millones de argentinos. La entrega de su paquete accionario mayoritario a manos privadas significaría perder capacidad de decisión sobre recursos críticos, afectando tanto la política energética como la estabilidad fiscal.
El fallo estadounidense suspende temporalmente la entrega de acciones dispuesta por la jueza Loretta Preska el pasado 30 de junio y permitirá al Estado argentino mantener su participación mientras se resuelve la apelación de fondo por la condena de 16.000 millones de dólares más intereses, derivada de un litigio iniciado en 2023. Además, se autorizó la participación del Departamento de Justicia de EE.UU. como amicus curiae, apoyando la postura argentina.
Para expertos y analistas económicos, la decisión refuerza la necesidad de preservar los activos estratégicos bajo control estatal, especialmente en un contexto de volatilidad internacional de precios del petróleo y gas. La venta de YPF, según señalan, no solo debilitaría la soberanía energética, sino que podría abrir la puerta a decisiones orientadas al lucro privado en detrimento del interés público.
Con la audiencia oral de la apelación principal prevista para el 27 de octubre, un día después de las elecciones legislativas de medio término, el futuro de YPF y de la política energética argentina sigue siendo un tema central de debate, donde la defensa del control estatal se contrapone a la visión privatizadora del gobierno actual.
