El máximo tribunal ratificó la condena contra Guillermo Moreno por el “cotillón anti Clarín”, en una decisión que refuerza las denuncias sobre la utilización del Poder Judicial para castigar a dirigentes peronistas y proteger intereses mediáticos.
Fallo con lectura política: la justicia y el poder mediático
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme las dos condenas contra el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, en una decisión que vuelve a encender el debate sobre la persecución judicial al peronismo y el alineamiento del Poder Judicial con los intereses del Grupo Clarín.
El fallo confirma penas en suspenso de dos y dos años y medio, además de la inhabilitación absoluta de Moreno para ejercer cargos públicos.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos de la defensa y ratificaron las sentencias que lo acusan de amenazas coactivas durante una asamblea de Papel Prensa y de uso de fondos públicos para un “cotillón anti Clarín”.
Ambos casos tuvieron como eje común un enfrentamiento con el conglomerado mediático que durante años mantuvo una disputa abierta con el kirchnerismo y sectores del peronismo nacional.
Una condena con trasfondo político
La confirmación del fallo por parte del máximo tribunal no solo clausura las instancias judiciales del dirigente, sino que refuerza la idea de una justicia que actúa selectivamente, con celeridad en las causas contra exfuncionarios peronistas y tolerancia hacia figuras cercanas al poder económico y mediático.
En la primera causa, el Tribunal Oral Federal 8 condenó a Moreno por su intervención en la asamblea de Papel Prensa en 2010. Según el expediente, el entonces secretario de Comercio ingresó al encuentro con un tono intimidatorio, en el marco de una disputa por el control accionario de la empresa papelera —de la cual el Grupo Clarín es uno de los principales socios.
El episodio fue amplificado mediáticamente como símbolo de “autoritarismo kirchnerista”, mientras no prosperaron investigaciones por el proceso de adquisición irregular de las acciones de Papel Prensa durante la última dictadura militar, un tema que el Estado intentó reabrir sin apoyo judicial.
El “cotillón anti Clarín” y la doble vara judicial
La segunda condena, también ratificada, refiere a la causa del “cotillón anti Clarín”, en la que se acusó a Moreno y otros funcionarios de haber utilizado fondos públicos para fabricar artículos con consignas críticas al grupo mediático.
Si bien se trató de una causa de impacto simbólico más que económico, la justicia avanzó rápidamente en el proceso y mantuvo la condena durante más de una década, pese a que las defensas sostuvieron que no existió perjuicio patrimonial al Estado.
En contraste, otros expedientes de corrupción y espionaje vinculados a funcionarios de gobiernos no peronistas, como Mauricio Macri o Luis Caputo, han recibido fallos de sobreseimiento o absolución en los últimos meses, lo que para sectores políticos y académicos evidencia una doble vara judicial.
Repercusiones y denuncias de lawfare
Desde el entorno de Moreno sostienen que el fallo es parte de una estrategia de disciplinamiento político y mediático. “El Poder Judicial sigue protegiendo al Grupo Clarín y castigando a quienes se le enfrentan”, afirmaron dirigentes de su espacio, Principios y Valores.
En la misma línea, referentes del kirchnerismo remarcaron que el caso se inscribe en un patrón más amplio de “lawfare” o guerra judicial, concepto que describe el uso de la justicia como herramienta para neutralizar adversarios políticos.
Este tipo de denuncias también han sido formuladas en otros países de la región, como Brasil y Ecuador, donde procesos judiciales selectivos afectaron a figuras progresistas.
Una justicia cuestionada en tiempos de polarización
El fallo contra Guillermo Moreno llega en un contexto donde la Corte Suprema enfrenta fuertes críticas por su actuación en causas de alto impacto político, y en medio de un clima de desconfianza ciudadana hacia el sistema judicial.
Mientras tanto, el debate sobre la reforma judicial y la democratización del Poder Judicial vuelve a ocupar el centro de la discusión pública, impulsado por quienes consideran que la justicia argentina mantiene vínculos estructurales con el poder económico y mediático.
