El oficialismo sufrió su peor derrota parlamentaria. Por amplias mayorías y en algunos casos por unanimidad, el Senado sancionó medidas que ponen límites al ajuste libertario. El presidente anunció que vetará las leyes y acusó al Congreso de dar un «golpe institucional».
En una jornada cargada de tensión política y alto voltaje institucional, el Senado de la Nación logró un inusual y contundente consenso para aprobar una serie de medidas sociales que implican un freno al ajuste impulsado por el Ejecutivo. Con 52 votos afirmativos, ninguna oposición y apenas 4 abstenciones, se sancionó una ley que dispone un aumento del 7,2% para todos los haberes jubilatorios, así como la actualización del bono extraordinario para las jubilaciones mínimas, que pasará de los actuales 70 mil pesos a 110 mil, con una cláusula de actualización mensual según el índice de movilidad. También se aprobó la prórroga de la moratoria previsional y la declaración de la emergencia en discapacidad, todas medidas que contaron con respaldo transversal de casi todo el arco político.
De no mediar el veto ya anticipado por el presidente Javier Milei, la jubilación mínima alcanzaría los 331.564,02 pesos, a los que se sumaría el nuevo bono, llevando el ingreso total a 441.564,02 pesos. La decisión del Senado representa un golpe político significativo para el Gobierno, que mantiene congelado el bono desde hace más de un año y había rechazado anteriormente cualquier aumento por fuera de su política de ajuste fiscal. Desde un acto en la Bolsa de Comercio, Milei anunció que vetará las iniciativas aprobadas, reafirmando su confrontación con el Congreso y abriendo un nuevo capítulo de tensión entre los poderes del Estado.
Entre las medidas sancionadas se destaca el aumento para jubilados, junto con la actualización del bono previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, aprobadas sin votos en contra. Además, se logró la prórroga de la moratoria previsional y se insistió con la creación del Fondo de Emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca, cuya asistencia había sido vetada por el propio Milei semanas atrás.
La sesión también avanzó en temas sensibles para las finanzas provinciales: recibió media sanción la modificación del reparto de los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Estas iniciativas, impulsadas por gobernadores que exigen mayor autonomía financiera, ahora deberán ser debatidas en la Cámara de Diputados.
El oficialismo reaccionó con fuertes acusaciones. Desde el Gobierno nacional se calificó la sesión como parte de un “golpe institucional”, intentando deslegitimar el proceso legislativo y la validez de las leyes votadas. Mientras el Senado aún sesionaba, Milei, desde un acto en la Bolsa de Comercio, anunció que vetará las iniciativas sancionadas.
El clima se tensó aún más cuando una caída del sistema obligó a realizar la votación del aumento jubilatorio a viva voz. En protesta, los senadores libertarios abandonaron el recinto, dejando en soledad al oficialismo frente a una oposición que se mostró más cohesionada que nunca.
Con este resultado, Milei queda políticamente aislado, enfrentando no solo a una oposición cada vez más activa, sino también a buena parte de los mandatarios provinciales, que ven en las decisiones del Ejecutivo una amenaza directa a la sostenibilidad de sus territorios. El escenario abre un nuevo capítulo de conflictividad entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, con un presidente decidido a gobernar por decreto y una mayoría parlamentaria dispuesta a ponerle límites.
