El juicio en territorio soberano: Un contraste de agendas
Mientras los grandes medios de la Ciudad de Buenos Aires mantienen un perfil bajo sobre el proceso judicial, en Río Gallegos el juicio oral y público por el hundimiento del submarino ARA San Juan se vive con una intensidad ligada a la identidad territorial. En una entrevista concedida al programa «Bonavitta 530» por Somos Radio AM 530, la abogada de la querella mayoritaria, Valeria Carreras, destacó que en el sur «los medios del interior están cubriendo la noticia día a día» y que la comunidad está «muy consustanciada además de que la Patagonia en sí tiene un marcado sentimiento soberano».
Esta conexión local no es casual, sino que responde a una vivencia directa de la vigilancia de los recursos nacionales frente a las costas argentinas. Según Carreras, los habitantes de la región «ven cómo siempre están queriendo sacar nuestros recursos frente a nuestras costas con la pesca así que lo del submarino Ara San Juan lo vivieron muy nítidamente». Para la querella, esta sensibilidad regional contrasta con la distancia porteña respecto a los temas de soberanía estratégica.
«Atados con alambre»: Las pruebas del deterioro técnico
El debate oral está sacando a la luz testimonios que confirman las precarias condiciones de navegabilidad de la unidad. La abogada explicó que tras ocho años de instrucción, finalmente se está probando en el juicio que los tripulantes «fueron mandados a la muerte, los mandaron atados con alambre». Las declaraciones de los auditores de la propia Armada coinciden en que se ignoraron alertas críticas, como la necesidad de ingresar la nave a dique seco para reparaciones esenciales que nunca se concretaron.
El expediente revela una cadena de negligencias técnicas que la querella busca jerarquizar frente al tribunal. Carreras detalló que los informes elevados advertían sobre «tales 33 averías» y situaciones extremas como tener «vencidos los filtros de aire», elementos fundamentales para asegurar la supervivencia de la dotación durante la inmersión. Estas revelaciones surgen a pesar de lo que la letrada describe como una fuerte resistencia por parte del personal naval.
Responsabilidades políticas y recortes presupuestarios
La estrategia de la querella apunta no solo a los mandos operativos actuales, sino a la cúpula política que administró las fuerzas de defensa durante el periodo de la tragedia. Se busca establecer una línea de responsabilidad directa que incluya al expresidente Mauricio Macri y al exministro Oscar Aguad, vinculando el estado del submarino con el desfinanciamiento de la fuerza. Carreras subrayó la importancia del testimonio de un funcionario que admitió que «tenían la mitad del presupuesto acordado», lo cual explicaría por qué el buque carecía de los arreglos suficientes.
La disparidad en el uso de la nave entre 2016 y 2017 es otro de los ejes analíticos que la justicia deberá evaluar. Según la abogada, se logró establecer mediante testigos que en 2017 hubo una intensificación inusual de las actividades a pesar de persistir las mismas fallas, preguntándose «¿por qué en 2016 se fueron pocas veces a navegar y cuántas más en 2017?». Esta sobreexigencia de una infraestructura obsoleta es clave para determinar la culpabilidad de quienes dirigían la Armada en ese entonces.
El muro del silencio y la jerarquía naval
Uno de los mayores obstáculos reportados en las audiencias es el «temor reverencial» y la cultura corporativa dentro de la Armada, que dificulta la obtención de testimonios honestos. Carreras denunció que ha tenido que pedir falsos testimonios ante testigos que responden con ambigüedades, señalando que es inaceptable que un alto mando diga «no recuerdo» ante preguntas básicas sobre procedimientos de seguridad o ubicación de equipos de emergencia.
La abogada también observó una marcada brecha social y de comportamiento entre los diferentes rangos que asisten al tribunal. Describió cómo persiste un esquema donde los oficiales muestran una actitud dominante mientras los suboficiales, muchas veces temerosos de perder su empleo, «no miran a los ojos a los acusados que son todos altos mandos». Para la querella, esta estructura de poder sigue operando para proteger secretos institucionales de una fuerza que Carreras calificó como «la más siniestra» en términos de su historia histórica de opacidad.
