El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el rechazo a tres leyes sociales sancionadas por el Congreso. Argumentó un costo fiscal de $17 billones. La decisión beneficia al equilibrio fiscal, pero golpea directamente a los sectores más vulnerables.
El presidente Javier Milei oficializó este lunes el veto total a tres proyectos de ley clave en materia de derechos sociales: el aumento de emergencia a jubilados, la reinstauración de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del decreto 534/2025 y se fundamenta, según el Poder Ejecutivo, en la necesidad de evitar un “desequilibrio fiscal” que comprometería las metas económicas del Gobierno.
LAS RAZONES DEL VETO
El Gobierno argumentó que los tres proyectos implicaban un gasto conjunto de más de $7 billones en 2025 y cerca de $17 billones en 2026, lo que equivaldría al 1,68% del PBI del próximo año. En línea con su política de déficit cero, el Ejecutivo consideró que aprobar esas leyes hubiera sido “fiscalmente irresponsable” y violatorio de la Ley de Administración Financiera por no prever fuentes de financiamiento genuinas.
Además, se cuestionó el procedimiento legislativo en el Senado, donde –según el decreto– se habrían cometido “graves nulidades” en la sesión del 10 de julio, al tratarse los proyectos sin la citación formal correspondiente y con mayoría simple cuando se requerían dos tercios.
QUÉ ESTABLECÍAN LAS LEYES VETADAS
– Jubilaciones: Aumento del 7,2%, bono mensual de $110.000 (ajustable) y transferencias a cajas previsionales provinciales.
– Moratoria previsional: Permitía jubilarse sin los 30 años de aportes, reinstalando el plan de pagos previsional por dos años.
– Emergencia en discapacidad: Declaraba la emergencia nacional hasta 2026, creaba una pensión no contributiva y otorgaba una compensación económica a prestadores.
EL CONGRESO DEBERÁ DECIDIR SI INSISTE
La decisión presidencial ahora será revisada por el Congreso, que podría insistir con la sanción de las leyes vetadas, pero para ello se necesita una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras, un umbral difícil de alcanzar en el actual escenario político.
ANÁLISIS: AJUSTE PARA LOS VULNERABLES, ALIVIO PARA LOS SECTORES DE MAYOR RENTA
El veto de Milei vuelve a poner en evidencia la orientación del ajuste fiscal. Mientras el Ejecutivo impone un freno a leyes destinadas a mejorar los ingresos de jubilados, personas con discapacidad y adultos mayores sin aportes completos, en paralelo avanza con exenciones impositivas y rebajas en retenciones para el agro y sectores exportadores.
El contraste no es menor: mientras se argumenta que no hay margen para atender demandas sociales por su alto costo fiscal, el Estado renuncia voluntariamente a recursos millonarios al aliviar la presión tributaria sobre sectores de alta rentabilidad.
De este modo, el Gobierno profundiza una lógica de redistribución inversa: quita al universo más vulnerable para sostener el equilibrio fiscal y, al mismo tiempo, premia con desgravaciones a los actores económicos más concentrados. Una señal clara sobre el orden de prioridades de la actual gestión.
