Ante el boom mundial de autos eléctricos y energías renovables, el cobre se posiciona como un recurso estratégico. Mendoza y San Juan avanzan con proyectos de gran escala, pero la falta de una política nacional de control y el avance del régimen RIGI generan alertas sobre la soberanía de los recursos naturales.
El auge global de la transición energética ha elevado al cobre a una categoría estratégica. La electrificación del transporte, el desarrollo de energías renovables y la digitalización masiva hacen de este mineral un insumo clave para el futuro. En ese contexto, Mendoza y San Juan, provincias con condiciones geológicas excepcionales, comienzan a posicionarse como protagonistas en la minería del cobre. Sin embargo, el impulso local contrasta con una preocupante retirada del Estado Nacional en materia de planificación, regulación y control de este recurso vital.
A nivel mundial, el cobre es esencial para la fabricación de autos eléctricos, baterías, paneles solares, turbinas eólicas y redes inteligentes. La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que la demanda de cobre se duplicará antes de 2035, lo que ha desatado una carrera global por asegurar su abastecimiento. En Argentina, los principales yacimientos se ubican en el cordón cordillerano, y las provincias cuyanas ven una oportunidad de transformación económica.
San Juan lidera en desarrollo minero: cuenta con cinco proyectos de cobre en etapas avanzadas, una red de proveedores consolidada y una normativa específica que evolucionó durante los últimos veinte años. Mendoza, por su parte, busca acelerar su inserción en el sector, con el proyecto San Jorge a la cabeza, aunque aún con una infraestructura limitada y sin carreras universitarias mineras activas hasta 2026.
Ambas provincias coinciden en la necesidad de trabajar juntas. El desarrollo de infraestructura —como las rutas 40 y 153, y una posible conexión eléctrica entre Calingasta y Uspallata— es central para viabilizar la actividad. Además, desde las cámaras empresariales se plantea la necesidad de fomentar proveedores locales y generar empleo calificado. No obstante, este impulso provincial contrasta con la inacción del Estado Nacional, que ha delegado funciones clave a los gobiernos subnacionales.
El régimen RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones), recientemente aprobado, profundiza estas tensiones. Con beneficios fiscales por 30 años, libre remisión de utilidades al exterior y exigencias mínimas de contenido local, el RIGI ha sido fuertemente criticado por favorecer al capital extranjero en detrimento del desarrollo nacional. En el caso de la minería del cobre, este marco legal podría consolidar un modelo extractivo con alto costo ambiental y bajo retorno económico para el país.
Expertos en políticas públicas advierten que el vacío regulatorio y la falta de una estrategia nacional debilitan la capacidad del Estado para negociar condiciones justas y exigir aportes reales al desarrollo regional. “Estamos dejando que actores privados dicten las reglas de un recurso crítico para el futuro del país”, advierte un analista del sector energético.
Mientras tanto, Mendoza y San Juan avanzan. El cobre promete empleo, inversión y movimiento económico. Pero sin control federal, sin planificación ambiental integral y con un régimen que premia la fuga de capitales, el auge del cobre puede transformarse en una nueva entrega silenciosa de recursos estratégicos.
