En diciembre de 2022, Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por la Justicia argentina en la denominada Causa Vialidad, acusada de haber liderado una supuesta asociación ilícita destinada a beneficiar con obra pública al empresario Lázaro Báez durante su mandato presidencial. Sin embargo, el proceso judicial ha sido fuertemente cuestionado por amplios sectores del derecho, el periodismo y la política nacional, debido a las numerosas inconsistencias, omisiones probatorias y sesgos que lo atravesaron.
Durante años se construyó un relato judicial y mediático para condenar a Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción en la obra pública.
Hoy, a partir de la reconstrucción detallada que surge del propio juicio oral y público, quedan expuestas 20 grandes falsedades que construyeron la acusación contra la dos veces presidenta de la Nación y actual líder del movimiento nacional y popular.
1. Asignación de fondos de manera ilegal y arbitraria a Santa Cruz
Falso. La inversión pública en Santa Cruz estuvo plenamente justificada por el déficit vial y razones estratégicas de integración territorial y soberanía. No existía norma alguna que impidiera estas asignaciones.
2. Presupuestos ilegales diseñados por Néstor y Cristina Kirchner
Falso. Se probó que todos los presupuestos fueron elaborados conforme a derecho, con intervención técnica, administrativa y parlamentaria, y sin órdenes directas de la Presidencia.
3. Participación marginal del Congreso
Falso. El Congreso debatió ampliamente cada ley de presupuesto, según testificaron legisladores, técnicos y jefes de Gabinete.
4. Legisladores coaccionados para votar presupuestos
Falso. No hubo coacción alguna. La oposición presentó proyectos propios y votó favorablemente muchas de las partidas en cuestión, incluyendo obras en Santa Cruz.
5. Uso irregular de DNU para beneficiar a Báez
Falso. Todos los decretos fueron legales, validados por el Congreso y utilizaron fondos disponibles por mayores ingresos recaudatorios.
6. Fideicomisos usados ilegalmente
Falso. Los fideicomisos fueron creados antes de 2003 y se usaron conforme a su destino legal, con aprobación legislativa.
7. Decreto 54/2009 dictado contra dictámenes jurídicos
Falso. No hubo dictámenes contrarios. El decreto simplemente redistribuyó funciones administrativas y fue refrendado por ministros y servicios jurídicos.
8. Decisiones administrativas para beneficiar a Báez
Falso. Las partidas eran generales, aprobadas por Jefatura de Gabinete y muchas veces incluso redujeron fondos a Santa Cruz.
9. Partidas aumentadas desde Planificación por orden presidencial
Falso. Las decisiones siguieron el marco legal vigente y fueron controladas por la Oficina Nacional de Presupuesto y la Dirección de Vialidad.
10. Apagón informativo al Congreso
Falso. Se modernizaron los sistemas de información presupuestaria y se desarrollaron herramientas como E-SIDIF y BAPIN II para garantizar transparencia.
11. Cuentas de Inversión aprobadas sin análisis
Falso. Fueron evaluadas por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas y la Auditoría General de la Nación. No se probó ninguna votación manipulada.
12. Pago millonario a Báez en noviembre de 2015
Falso. No hubo pagos en ese período, y muchas certificaciones de obra de las empresas de Báez quedaron impagas.
13. Encuentro con Báez para plan «limpiar todo»
Falso. La fecha estaba mal citada y Cristina participó públicamente de un acto en Río Negro en ese momento.
14. Relaciones comerciales ilícitas con Báez
Falso. Todos los contratos fueron legales y declarados lícitos por la Justicia. No existió retorno de ganancias ni sociedad oculta.
15. Órdenes presidenciales para adjudicar obras
Falso. La Presidencia no interviene en licitaciones. Todos los funcionarios negaron haber recibido órdenes para beneficiar a un contratista.
16. Omisión de controles pese a alertas
Falso. La Presidencia no tiene atribuciones de control sobre organismos técnicos como la DNV o AGVP. Las supuestas alertas no eran más que opiniones personales.
17. Uso del aparato estatal para concentración empresarial
Falso. La concentración de contratos en empresarios locales es una práctica común en todo el país, como reconocieron varios testigos.
18. Leyes provinciales dictadas por orden presidencial
Falso. Las leyes provinciales fueron votadas libremente por la Legislatura de Santa Cruz. Normas similares existen en casi todas las provincias.
19. Pago de sobreprecios sistemáticos
Falso. No se probaron sobreprecios. La pericia seria, realizada por la Ing. Adriana Alperovich, descartó cualquier ilegalidad.
20. Obras mal hechas, demoradas o inexistentes
Falso. Se probó que las demoras eran justificadas, las obras se ejecutaron y las que no fueron completadas se abandonaron durante el gobierno de Mauricio Macri.
La causa Vialidad, impulsada con motivaciones políticas, tuvo como objetivo proscribir a la principal figura del peronismo contemporáneo. El juicio oral expuso las debilidades de la acusación y la ausencia de pruebas sólidas. En lugar de justicia, se construyó un relato. Como lo señaló la propia Cristina Fernández de Kirchner: «La condena ya estaba escrita.»
Frente a esta realidad, el reclamo por una Justicia imparcial, autónoma y verdaderamente democrática se vuelve impostergable.
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