La jornada del lunes 9 de marzo de 2026 (9M) consolidó en las calles de Buenos Aires una compleja superposición de agendas políticas y sociales. La decisión de trasladar la movilización central del Día Internacional de la Mujer Trabajadora al lunes tuvo como objetivo facilitar un paro efectivo y marcar una confrontación abierta contra las políticas económicas y de género del gobierno nacional.
Sin embargo, la jornada estuvo marcada por dos ejes paralelos: la denuncia por el desmantelamiento de políticas públicas y la campaña por la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Desde el mediodía, el epicentro de la militancia kirchnerista se situó en la intersección de San José y Humberto I, frente al domicilio de Kirchner en el barrio de Constitución. Bajo la consigna «#8M por Cristina Libre», diversas organizaciones —lideradas por el Frente de Mujeres de La Cámpora— realizaron una vigilia antes de confluir en la marcha hacia el Congreso y Plaza de Mayo.
Enorme marcha este 9M en Buenos Aires, Argentina, dónde matan a una mujer cada 22 horas.
BASTA.
Necesitamos poner de pie una ola verde para derrotar a Milei. El terror más grande de este gobierno: las mujeres organizadas. pic.twitter.com/HQ7JOrGqc5— Tatiana Fernández Martí (@tatious_) March 10, 2026
El desmantelamiento de las políticas de género como motor de la protesta
El documento oficial de la movilización, leído en Plaza de Mayo, denunció un escenario «profundamente regresivo» para mujeres y diversidades. Las organizaciones señalaron que el gobierno de Javier Milei ha declarado al movimiento feminista como «enemigo político», procediendo al desmantelamiento de herramientas clave de prevención y abordaje de la violencia de género.
Entre los reclamos principales destacaron la eliminación de políticas destinadas a reducir la brecha salarial y el debilitamiento de la autonomía económica de las mujeres. A esto se suma el rechazo a la reciente reforma laboral y a la baja de la edad de punibilidad, medidas que —según las referentes— impactan con mayor dureza en los barrios populares, donde las mujeres sostienen la reproducción cotidiana de la vida en condiciones de creciente precariedad.
La realidad de la violencia machista aportó datos crudos a la jornada: en lo que va de 2026 ya se registran 43 femicidios, que se suman a los 271 casos ocurridos durante 2025.
La centralidad de Cristina Kirchner y la denuncia de lawfare
La vigilia en San José 1111 otorgó una fisonomía marcadamente partidaria a una parte de la movilización. Desde el balcón de su departamento, Cristina Kirchner saludó a la militancia, gesto que reforzó su papel como eje de la reorganización opositora.
Referentes como Paula Penacca y Lucía Cámpora vincularon la situación judicial de la expresidenta con un proceso de lawfare y «castigo patriarcal» por haber confrontado a poderes económicos.
Esta resignificación del 9M generó un desplazamiento discursivo significativo. Para el kirchnerismo, la agenda de derechos de las mujeres es hoy inseparable de la demanda por la libertad de su líder, a quien consideran «secuestrada por una mafia patriarcal judicial».
No obstante, esta «cristinización» de la marcha convive con las demandas de asambleas feministas transversales, que insisten en que la lucha feminista debe ser una plataforma de resistencia contra el ajuste y el saqueo económico.
Implicancias de una crisis que se inscribe en los cuerpos
El análisis socioterritorial de la marcha permite observar que las «trincheras» de este conflicto se encuentran en las ollas populares y comedores de los barrios periféricos.
Según Dina Sánchez (UTEP), el modelo económico actual fuerza a las mujeres a un pluriempleo de subsistencia y a un endeudamiento sistémico para cubrir necesidades básicas como alimentos y servicios.
La jornada del 9M dejó en claro que el hartazgo social ha encontrado en la calle su principal refugio frente a un gobierno declarado antifeminista. Mientras el oficialismo difunde discursos que tildan las causas de género como «estafas», la marea de mujeres respondió con una masiva ocupación del espacio público, demostrando que la organización popular sigue siendo el principal obstáculo para el avance del ajuste.
