La fiscalía solicitó duras condenas para civiles y exfuerzas de seguridad por secuestros, torturas y homicidios cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ferroviarios en 1975. También se exigieron medidas reparatorias y señalización de excentros clandestinos de detención.
En el marco del juicio por delitos de lesa humanidad conocido como “El Villazo”, la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad del Distrito Rosario solicitó prisión perpetua para dos exdirectivos de la empresa metalúrgica Acindar, por su participación en secuestros, torturas y homicidios cometidos en 1975 contra trabajadores sindicalizados de Villa Constitución.
Durante el alegato presentado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de Rosario, el fiscal general Adolfo Villatte, junto a los auxiliares Juan Patricio Murray y Álvaro Baella, también pidió penas de entre 10 y 25 años de prisión para 15 expolicías federales y un exagente de la Policía provincial.
La causa abarca crímenes cometidos contra 57 víctimas, la mayoría trabajadores de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y militantes de la Lista Marrón, que había alcanzado la conducción del gremio poco antes de los hechos. Las imputaciones incluyen privación ilegítima de la libertad agravada, aplicación de tormentos, homicidios agravados y asociación ilícita.
📌 Los pedidos de condena
Para Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, exjerárquicos de Acindar, el Ministerio Público Fiscal (MPF) requirió prisión perpetua por:
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8 casos de homicidio agravado
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29 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos agravados
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Participación en una asociación ilícita
A su vez, para Roberto Álvarez (ex PFA) y Amadeo Chamorro (ex Guardia Rural «Los Pumas»), se solicitaron 25 años de prisión por su responsabilidad en múltiples secuestros y tormentos.
Entre los expolicías federales para quienes se pidieron también 25 años de prisión se encuentran:
Roberto Raúl Squiro, Oscar Alberto Vessichio, Juan Carlos Faccendini, Emilio Hugo Marciniszyn, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdés, Carmen Amanda Grosolli de Hellaid, Ricardo Antonio Burguburu y Juan Carlos Romero.
Otros pedidos de penas incluyen:
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16 años para Aníbal Lozano Windus (por hechos contra 4 víctimas)
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14 años para Oscar Roberto Giai (por hechos contra 2 víctimas)
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10 años para Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesús Martínez (1 víctima cada uno)
El MPF exigió además el cumplimiento de todas las penas en cárcel común y el encarcelamiento inmediato de los condenados una vez dictado el fallo.
⚖️ Cuestionamiento a decretos represivos y reparación histórica
La fiscalía solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los decretos 1368/74, 2717/75, 642/76 y de la ley 21.449, utilizados por el Estado para detener y silenciar a militantes bajo la figura de “disposición del Poder Ejecutivo Nacional” por presunto complot subversivo.
Como parte de las medidas reparatorias simbólicas, el MPF pidió:
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La publicación del veredicto en los principales medios locales de Villa Constitución
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La señalización como Centros Clandestinos de Detención de la Jefatura de Policía de Villa Constitución, la Delegación Rosario de la Policía Federal y la sede local de Prefectura Naval
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La rectificación de legajos laborales de víctimas en las empresas Acindar, Metcon SA, Wobrom, Villber SA y Marathon SA, dejando constancia de que las ausencias laborales se debieron a secuestros y asesinatos, y no a faltas voluntarias
Finalmente, se solicitó que el tribunal declare probada la participación en los crímenes de efectivos del Ejército Argentino, la Prefectura Naval Argentina y la organización Triple A, brazo parapolicial que operó bajo amparo estatal antes del golpe de 1976.
⏳ El juicio continúa
El proceso judicial sigue avanzando con los alegatos de las demás partes. Se prevé que el veredicto se conozca en septiembre, en lo que podría constituir una sentencia histórica para la memoria colectiva y la justicia en la Argentina.
